Institucionalidad para la seguridad ciudadana

Hace ya un buen tiempo que la seguridad pública forma parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía. No hay encuesta que no diga que junto con la educación, salud y empleo, el miedo a ser asaltado o que entren y desvalijen sus casas forma parte de las principales preocupaciones de los chilenos. No ha existido gobierno que no se haya preocupado de esta situación y sugerido algunas soluciones para paliar este problema. Como también no ha existido oposición al gobierno de turno que no haya emplazado a la autoridad a tomar cartas en el asunto.



La literatura y práctica sugieren al menos tres ámbitos que se deben considerar en aras de combatir la delincuencia y de esta forma mejorar la seguridad ciudadana. La prevención situacional, la prevención social y la persecución penal. Si bien las tres son fundamentales, deben actuar en forma complementaria. Y es en este accionar complementario donde las cosas fallan.

La prevención situacional y social son procesos muy complejos, que requieren el actuar de muchas instituciones. Más aún, los resultados potenciales que ambas pueden lograr sólo se manifiesta en el largo plazo y pocas veces es claro que la mejora de los índices de seguridad y la disminución de la violencia y delincuencia puedan ser nítidamente atribuidas a dichas medidas de prevención.

Por el contrario, la persecución penal tiene el aparente efecto de ser potencialmente muy efectiva, cuyos beneficios se pueden observar rápidamente. Bajo una sensación de inmediatez, endurecer el accionar de las policías puede parecer como la mejor medida si se quiere reducir los niveles de delincuencia. No hay evidencia que sustente este argumento, pero suena bien.

La autoridad de turno tiene mucho más incentivos a enfatizar aquellas medidas que busquen resultados de corto plazo y no dirigir los esfuerzos a otros tipos de medidas cuyos resultados demoren en llegar. Para solucionar este problema, denominado inconsistencia dinámica, requiere de una institucionalidad que no sea dependiente del gobierno de turno y en una visión de Estado, busque la aplicación de las mejores medidas aunque algunas de ellas sean políticamente costosas en el corto plazo.

Se trata de un ente legal independiente del gobierno, que balancee los objetivos de los diferentes agentes sociales relacionados con la seguridad ciudadana y sea garante de una estrategia de seguridad de largo plazo. La política de seguridad, en cambio, es menester del gobierno de turno la cual obviamente debe ser consistente con la estrategia.

Con este fin, esta institucionalidad deberá velar, entre otros, que el diseño de la política esté separado de las agencias que la implementan. De la existencia de indicadores que den cuenta de los resultados de su implementación. Que exista un responsable único de la política de seguridad pública en el gobierno y que los presupuestos asignados a estas materias se condigan con los objetivos que se desean lograr.