Incoherencia dominical

Una primera reflexión es si realmente el Gobierno cree que las decisiones en materia de evaluación de impacto ambiental deben ser técnicas o políticas. Por un lado, al diseñar el proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación ambiental, dice buscar que las decisiones para aprobar o rechazar un proyecto se deben tomar con criterios netamente técnicos, despolitizando las instancias respectivas.

“El caso Dominga ha hecho sentir incómodo al Gobierno, sacando a relucir actuaciones contrarias a sus dichos, pero el problema va mucho más allá”.

Sin embargo, al analizar el actuar del Gobierno en el proyecto Dominga, vemos que ha enterrado todo lo técnico. Su actuar de activista medioambiental, que proclamaba “No a Dominga” en 2022, volvió a renacer sin importar que dicho proyecto ha sido validado en todas las instancias técnicas y judiciales a las cuales ha sido sometido.

En 2017, el informe consolidado de evaluación ambiental recomendó aprobar Dominga. Luego, tres sentencias del Primer Tribunal Ambiental -2018, 2021 y 2024- con nueve jueces distintos, han resuelto en forma unánime a favor del titular del proyecto Dominga.

Aunque el Gobierno puede estar en desacuerdo, lo que le corresponde a alguien que dice creer en la deferencia técnica, administrativa y judicial, es acatar.

Una segunda reflexión es sobre la profundidad del respeto del Gobierno a una de las máximas de la democracia chilena: cuando la justicia habla, los gobiernos callan.

El fallo del Tribunal Ambiental de 2024 fue claro en señalar el incumplimiento que el Comité de Ministros realizó al fallo de 2021. Por ello, le dio un plazo de tan solo 15 días para enmendar. Nuevamente, el plazo venció.

El Gobierno, en vez de cumplir, decidió presentar una duda irracional a Contraloría sobre el orden de subrogancia para ganar tiempo, siendo que el orden de subrogación está claramente definido. Al parecer, el Gobierno no ponderó que la amnesia selectiva puede ser muy peligrosa. Si se demuestra la mala fe en la solicitud a Contraloría, el riesgo para el Ejecutivo de que se pueda acreditar el delito de desacato es, al menos, inquietante.

El caso Dominga ha hecho sentir incómoda a la actual administración, sacando a relucir actuaciones contrarias a sus dichos. El problema va mucho más allá de Dominga.

El actuar del Gobierno mostró superficialidad en sus convicciones en materia ambiental y democrática. Si eso perdura, deteriorará la institucionalidad ambiental y atentará directamente contra las bases de la democracia. Esperemos que en 2025, el Ejecutivo reflexione, se dé cuenta de su incoherencia dominical y enmiende su rumbo.