La reciente reforma tributaria publicada en octubre de 2024 ha traído consigo un concepto innovador: la “sostenibilidad tributaria”. Este principio, aunque todavía en desarrollo, se centra en dos pilares fundamentales: el cumplimiento tributario y la colaboración con la autoridad fiscal. Se trata de conceptos de Perogrullo para abogados y contadores, quienes, a pesar de la complejidad del sistema, la virtualidad que ha quitado humanidad a la relación con el ente fiscalizador, los errores de implementación de reformas pasadas y las dificultades del sistema informático, han trabajado por lograr que la mayoría de los contribuyentes cumpla con sus obligaciones fiscales.
Sin embargo, surge una interrogante: ¿realmente mejorará el sistema tributario con este nuevo enfoque? ¿Es necesario incentivar aún más el cumplimiento voluntario? ¿Tendrá el Sello de Sostenibilidad un impacto (significativo) como el Sello Sernac Financiero o se convertirá en un mero símbolo de greenwashing para ciertos contribuyentes? En este contexto, es vital cuestionar quién se beneficia de esta certificación, si los contribuyentes o las empresas certificadoras.
“La seguidilla de reformas ha avanzado en el camino contrario al de la sostenibilidad, dejando un sistema que pocos entienden, que dificulta el desarrollo económico, las inversiones extranjeras y la proliferación de las PYME”.
Desde la reforma tributaria del año 2014 y con cada modificación legal posterior, se ha hecho más complejo e inabarcable cumplir con las obligaciones tributarias. Según el único estudio del SII, en colaboración con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, sobre costos de cumplimiento tributario, en 2014 las empresas destinaban 276 horas anuales al cumplimiento tributario.
El SII está elaborando una segunda versión del estudio, cuyos resultados se espera sean publicados durante 2025. Sin embargo, en 2019 el Banco Mundial ya había estimado en 296 horas anuales las destinadas al cumplimiento tributario, es decir un 7% más. Como antecedente, la media OCDE para el 2019 fue de 159 horas anuales.
Para avanzar en un país más justo y eficiente en temas impositivos, es crucial que el principio de sostenibilidad busque una efectiva colaboración con la autoridad tributaria, pensando en satisfacer las necesidades presentes y futuras.
La seguidilla de reformas ha avanzado en el camino contrario al de la sostenibilidad, justamente porque compromete la habilidad de desarrollo futuro, y lo que nos queda es un sistema que pocos entienden, que impide o dificulta el desarrollo económico, las inversiones extranjeras y la proliferación de las PYME.
Anticipándonos al proyecto de reforma tributaria que el gobierno, muy probablemente, quiera discutir durante 2025, Chile debiese recuperar sus atractivos como destino de inversión, impulsando al desarrollo de generaciones futuras.
Implementar el Sello de Sostenibilidad Tributaria podría ser una herramienta valiosa, especialmente para multinacionales. Garantizar un marco jurídico estable, invariabilidad económica y un proceso ágil, expedito y único para obtener permisos ayudará a atraer más inversión extranjera. Si, como contrapartida a estos beneficios, el Estado de Chile exigiera el Sello de Sostenibilidad Tributaria, ser sostenible tributariamente no solo sería justo, sino esencial para el futuro económico de nuestro país.