Gobernanza del agua en Chile: un desafío que abordamos

Que el agua es un recurso estratégico y clave para el desarrollo del país ya no es novedad, lo que suele olvidarse es su aporte social. La OCDE dio a conocer su último informe donde analiza la gobernanza de la política del agua en los países de América Latina y el Caribe (ALC), vinculando este recurso directamente con la mitigación de la pobreza. Si bien reconoce avances relevantes de nuestro país y América Latina en materia hídrica, también revela importantes desafíos que debemos enfrentar.



Comencemos con lo bueno. Al compararnos con nuestros vecinos y los que no lo son tanto, el saldo es positivo, destacándose lo hecho por Chile en términos de la eficiencia de la gestión por medio de la instauración del Código de Aguas, la creación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para establecer los estándares de servicio y el marco jurídico e institucional, el cual fue resaltado en el estudio preparado por el Banco Mundial en 2011.

Asimismo, subraya los programas de transferencias, la realización de diversos estudios para cuantificar de manera preliminar los efectos del cambio climático en los recursos hídricos para diferentes sectores productivos y el desarrollo de políticas experimentales relativas al agua.

Por otro lado, destaca el uso de plantas desaladoras en Chile como ejemplo de innovación y la combinación del involucramiento local con empresas privadas para hacer frente a la escases de agua, logrando un mejor manejo de los recursos hídricos.

Aunque el informe destaca nuestras virtudes, también nos recuerda cuáles son nuestros desafíos. Una de las principales premisas expuestas en el documento -que analizó 13 países de la región- es la alta fragmentación o coexistencia de diversas entidades con injerencia en la gobernanza del agua a nivel latinoamericano y la consiguiente necesidad de vincular y coordinar las políticas públicas con el fin de maximizar los esfuerzos para reducir la pobreza.

Si bien todos los países tienen realizadas diferentes, hay puntos de encuentro: el principal obstáculo es la brecha o “gap” de políticas relacionados con la denominada “gobernanza del agua”.

Al referirse a la realidad chilena, el informe enfatiza el gran número de instituciones relacionadas con los recursos hídricos, señalando al menos ocho organismos que participan en las decisiones relacionadas con el agua. Señala como obstáculos la coordinación a nivel central, destacando la falta de tiempo y personal, además del escaso interés ciudadano en las políticas sobre recursos hídricos.

La fragmentación de las entidades relacionadas con los recursos hídricos y la ausencia de una hoja de ruta clara fueron parte de nuestro diagnóstico realizado en 2010. Por ello, el Ministerio de Obras Públicas se ha abocado en la generación de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos -la cual no alcanzó a ser considerada para este informe-, que cuenta con cinco pilares con los que enfrentamos gran parte de lo enfatizado por la OCDE. 
El segundo de estos cinco pilares hace referencia a fortalecer la institucionalidad, justamente para hacer frente a la falta de coordinación y fragmentación de los organismos relacionados con el agua. Para abordar este desafío, estamos impulsando un importante proyecto en conjunto con el Banco Mundial, para avanzar hacia una nueva institucionalidad de aguas, que permita alcanzar los objetivos de gestión eficiente y sostenible del agua, siempre desde la visión de aplicación práctica a la realidad chilena.

Creemos firmemente que el escenario actual en materia de recursos hídricos exige contar con una institucionalidad que permita racionalizar y coordinar las múltiples competencias de organismos del Estado que actualmente coexisten en el sector, para asegurar que la planificación del recurso, su asignación, protección, fiscalización y resolución de conflictos, se efectúe en forma técnica, compatibilizando el ejercicio de los derechos constituidos sobre el agua y el interés público asociado al uso de este importante recurso.

Tal como lo ha señalado la OCDE, tenemos múltiples desafíos por delante. Lo importante es que los estamos abordando como país, considerando todos los actores, y con una mirada de largo plazo, confiando en que ello nos permitirá contribuir a la superación de la pobreza desde una mejor gestión de nuestras aguas, asegurando el vital elemento para las futuras generaciones.