La Polar: urge reforma penal

Francisco Armanet

El alto ex ejecutivo de La Polar, Pablo Alcalde, sostuvo en una entrevista de prensa, que en la defraudación de La Polar, él podría haber actuado como un estúpido pero no como un delincuente. Analicemos;


Ex alumno de uno de los más prestigiosos colegios de Chile y egresado de una de las mejores escuelas de negocios del país, Alcalde es designado por sus pares, como el mejor ejecutivo de la década. Con sólo estos tres antecedentes, ninguna persona podría argumentar que Alcalde es estúpido. Sin embargo, en términos intelectuales éste no puede ser comparado con sus -hasta ahora- “brillantes” antecesores; Morita y Sotomayor.

En el testimonio público de una ex funcionaria de La Polar, dijo que esta práctica había comenzado en 2003 y que el modus operandi era el siguiente: “Normalmente cuando se hablaba de que el volumen de las provisiones era muy alto, entonces nosotros teníamos que liberar. La orden la daban los supervisores por un parlante: desconéctense y empiecen a normalizar” Cualquier persona que haya ejercido el rol de gerente general de una institución financiera, puede asegurar que ningún subalterno podría modificar las provisiones y alterar las utilidades mensuales, sin previo consentimiento del ejecutivo máximo de la organización. De ser así, Alcalde sería el primer responsable de haber producido el fraude financiero más importante de los últimos 30 años. Esta monumental defraudación se produjo dado que por muchos años, se proporcionó al mercado, estados financieros con información falsa. De acreditarse este delito, el artículo 59 de la Ley de Valores señala que la pena máxima para quienes maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos a las bolsas o al público general, es la de presidio mayor en su grado mínimo; es decir hasta 10 años. Debido que el delito anterior es más grave que los ilícitos de uso de información privilegiada y estafa, debemos analizar las posibles sanciones, considerando la pena mayor. Aun si la justicia condenara a Alcalde por todos estos delitos, siendo su abogado defensor, el destacado profesional Jorge Bofill, el escenario más probable es que el ex presidente de La Polar sea condenado a 5 años de presidio, pudiendo gozar de libertad condicional después de cumplir la mitad de su condena; es decir, 2 años y medio. Esta sanción se compara, con los 24 años que recibió el presidente de Enron y con los 150 que obtuvo Madoff.

La legislación chilena contempla la misma pena para quienes defraudan a una sola persona en 400 UTM ($16 millones) que aquellos -como en este caso- defraudaron a millones de chilenos en más de US$ 1.000 millones. Es urgente que nuestros legisladores incorporen el concepto de delito masa en nuestra legislación. Este concepto constituye una circunstancia muy agravante por perjudicar a miles o millones de personas. Ya lo hice presente en 2003 cuando Monasterio hacía de las suyas en el escandaloso caso Inverlink donde fue condenado a tan sólo 300 días de cárcel. En consecuencia, serían los legisladores quienes salvarían a Alcalde de morir en la cárcel. Los mismos que hoy buscan interpelar a nuestro distinguido ministro de Hacienda.