Estímulos de corto plazo a la inversión

MARCELA RUIZ-TAGLE O.

Las expectativas de crecimiento para 2024 se han ajustado sucesivamente a la baja, situándose recientemente en torno a 1,7% anual. Esta cifra es inferior al promedio alcanzado en la última década, el que resulta insuficiente para mejorar las oportunidades y disminuir la desigualdad tanto de ingresos como territoriales prevalecientes en el país. La explicación de este pobre desempeño se asocia, principalmente, a una inversión insuficiente, la que pasó de una expansión promedio anual de 10,7% en el periodo 2002 a 2012, a un promedio de 1% anual entre 2013 y 2022.

Ante este estancamiento, las políticas propuestas han sido implementar cambios estructurales, como modernizar el Estado y mejorar la productividad, las que hoy vuelven a surgir en las recomendaciones tanto de la Comisión Marfán como en el “Pacto por el Crecimiento”. Sin embargo, con la excepción de acciones relativas a simplificar la tramitación de permisos para la ejecución de inversiones y la eliminación transitoria del impuesto de timbres y estampillas, lo medular de los cambios propuestos en estas iniciativas incidirá en el crecimiento a mediano y largo plazo, no en 2024.

“La tendencia a la baja de la inversión en ejecución durante este año se ha observado en todos los sectores económicos y regiones del país”.

La tendencia a la baja de la inversión en ejecución durante este año se ha observado en todos los sectores económicos y regiones del país, debido al término de obras y a la incorporación de una menor proporción en el inicio de nuevos proyectos. La que comenzaría a revertirse tímidamente a partir del año 2025, particularmente en la macrozona norte debido a la eliminación de la incertidumbre que generó la aprobación del royalty minero. En el caso de la inversión pública, tanto el presupuesto actual como el aprobado para el próximo año contemplan incrementos significativos de recursos para la inversión en infraestructura. Sin embargo, esta tradicionalmente presenta desafíos en su gestión que demora su desarrollo, a la vez que su incidencia se encuentra lejos de compensar la baja ejecución de inversión privada.

Por ello resulta particularmente importante considerar tanto incentivos tributarios como certezas regulatorias en el resto de los sectores de la economía, de forma de estimular la inversión en el corto plazo; en particular en el caso de aquellas inversiones que, si bien cuentan con cronogramas informados, la incertidumbre y fragmentación del marco regulatorio incide en su postergación, como ocurre en el sector inmobiliario. Adicionalmente, sería necesario considerar aspectos territoriales, como ampliar los incentivos existentes a la inversión en zonas extremas y pueblos aislados, de forma de compensar tanto los mayores costos que en ellas prevalecen como fortalecer su débil estructura productiva, como por ejemplo en las regiones de Coyhaique y Magallanes. Por último, para apoyar la inversión de las familias se podría considerar ampliar los programas de apoyo para acceder al crédito hipotecario a segmentos de la población hoy excluidos de este beneficio; así como también profundizar el programa de subsidios de arriendo vigente. Estas medidas permitirían otorgar mayor fluidez al acceso a la vivienda y estimular el inicio de nuevas obras inmobiliarias.