Es hora de avanzar

JOANNA DAVIDOVICH

368 proyectos en carpeta que representan US$ 190 mil millones, según la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, parecen indicar que hay interés por invertir en Chile. Podrían generar 240 mil empleos durante su construcción y 100 mil en operación. Sin embargo, el Banco Central proyecta la inversión con una caída cercana al 2% este año y el próximo de crecimiento nulo.

Chile logró en las últimas décadas una buena reputación como destino para invertir, que en años recientes ha estado cuestionada. Ejecutar proyectos de inversión implica ahora enfrentarse a una maraña de permisos, a largos e inciertos plazos, a falta de coordinación y muchas veces discrecionalidad en su otorgamiento, a oposición de grupos por distintas causas y a incerteza jurídica por frecuentes cambios regulatorios, así como por el riesgo de que los permisos puedan ser revocados o judicializados. Así lo registró la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en un detallado análisis.

“Debemos enfocarnos en facilitar la inversión, simplificar sustancialmente el sistema de permisos, reducir la burocracia y aumentar la productividad para poner a Chile de nuevo en la carrera”.

La rentabilidad y el valor presente de los proyectos se reduce por el atraso de la puesta en marcha de cada año y, desde la perspectiva del inversionista, la ruta crítica de los permisos para un proyecto minero nuevo tarda nueve años, para un proyecto energético fotovoltaico cuatro años y para una desaladora, 11.

Según el BID, “los menores tiempos de tramitación hacen más competitivo a Chile”. Acelerar la puesta en marcha de proyectos de inversión mejora su rentabilidad y es factible realizarlo sin reducir estándares ambientales. No por tener más y más complejos permisos, las cosas se van a hacer mejor. Hay que tener buena regulación para que el crecimiento sea ambiental y socialmente sostenible. Esta debe ser simple, eficiente y con los incentivos adecuados, para que las empresas no dediquen tanto esfuerzo en gestionar los riesgos regulatorios, sino que puedan dedicarse a innovar.

La capacidad de crecer, esencial para el progreso y bienestar, se redujo a la mitad en los últimos 10 años. El crecimiento potencial pasó de cerca del 5% a 2%. Luego de haber despejado la incertidumbre constitucional, es hora ya de avanzar. Y para eso, debemos enfocarnos en reimpulsar la inversión y aumentar nuestra estancada productividad.

Tenemos señales para mantener el entusiasmo: hay interés en invertir en Chile y oportunidades en sectores como el litio, tierras raras o el hidrógeno verde. Pero los capitales son globales y la competencia por atraerlos, feroz. Los inversionistas buscan lugares que presenten las mejores condiciones para desarrollar sus proyectos y, si nos demoramos, perdemos oportunidades valiosas.

El diagnóstico está claro. Ha habido comisiones, agendas pro crecimiento y reformas que no han logrado concretarse por falta de apoyo político. El gobierno está ad portas de presentar un proyecto en esa línea, pero para lograr efectos debe haber consenso de la necesidad de priorizar el crecimiento. Debemos enfocarnos en facilitar la inversión, simplificar sustancialmente el sistema de permisos, reducir la burocracia y aumentar la productividad para poner a Chile de nuevo en la carrera.