Errores fiscales injustificables
Cecilia Cifuentes Economista, directora Centro de Estudios Financieros del ESE, UAndes
En 2022, primer año del Gobierno, los ingresos fiscales alcanzaron un récord histórico de un 26% del PIB. Esto como consecuencia de las irresponsables políticas expansivas promovidas por sectores de izquierda en 2021; los retiros y el IFE. La demanda interna creció un 21,3% ese año, la cifra más alta de la historia, lo que permitió niveles de recaudación tributaria extraordinarios en 2021 y 2022, ayudados también por la recaudación transitoria del Impuesto Sustitutivo del FUT (ISFUT). Se sumaron en 2022 ingresos extraordinarios por el litio, varias veces superiores a los de años anteriores. El Gobierno además tuvo el merito de no seguir entregando el IFE, lo que se tradujo en una caída del gasto fiscal de 23%, con el consecuente resultado superavitario de un 1,1% del PIB. Entonces, el Frente Amplio y el Partido Comunista se llenaron la boca con el discurso de la responsabilidad fiscal. Su Gobierno era extraordinariamente responsable en esa materia, mucho más que los anteriores. Es cierto, era extraordinario, porque se sustentaba en elementos que también lo eran; crecimiento de ingresos y caída de gasto irrepetibles en los años siguientes.
“El actual Gobierno sobrestimó los ingresos tributarios no mineros en 7,5% en 2023 y en 8,3% en 2024, lo que hace muy cuestionable el rol de la Dipres y del Ministerio de Hacienda en esta materia”.
Sin embargo, la Dipres pareció no darse cuenta de lo insostenibles que eran los ingresos fiscales, y las estimaciones empezaron a ser crecientemente erróneas. Haciedo el ejercicio de comparar los ingresos tributarios no mineros efectivos de cada año con la estimación de la Dipres para la discusión de la Ley de Presupuestos, vemos que en el período 2011-2018 los errores fluctuaron entre una subestimación de 8,2% en 2012 y una sobreestimación de 3,3% en 2014, con un promedio de subestimación de 1%, un grado de conservadurismo prudente para proyectar ingresos. El actual Gobierno sobrestimó los ingresos tributarios no mineros en 7,5% en 2023 y en 8,3% en 2024, lo que hace muy cuestionable el rol de la Dipres y del Ministerio de Hacienda en esta materia. El resultado: un significativo incumplimiento de la meta de déficit, que cerró 2024 en un 2,9% del PIB. Los ingresos tributarios no mineros fueron equivalentes a un 16,7% del PIB, cifra muy similar al 16% del año 2012, mostrando el fracaso de las erradas reformas tributarias de la última década.
La sobrestimación de ingresos de 2024 fue evidente desde la presentación de la Ley de Presupuestos de ese año, y así lo hicimos ver muchos analistas en su momento. El Gobierno no quiso escuchar, y tampoco lo hizo en la reciente discusión presupuestaria, cuando es clarísimo que el problema se repetirá durante el año en curso. Es un gasto innecesario contratar asesorías especializadas para mejorar las estimaciones de ingresos, basta con aplicar criterios más razonables.
Las consecuencias de estos errores van mucho más allá de los cuestionamientos a los equipos técnicos. El problema de fondo es que en base a estimaciones excesivamente optimistas de ingresos se determinan los niveles efectivos de gasto, resultando en brechas muy difíciles de cerrar, en un contexto de una excesiva rigidez del gasto corriente.
Queda sólo un camino para que el país recupere la sostenibilidad fiscal; un ajuste de gasto corriente. Y no sirve reducir viáticos o no renovar flotas de vehículos, se debe racionalizar el gasto en personal, sobre todo frente al aumento que significará la reforma de pensiones. En la última década el número de funcionarios del Gobierno central ha aumentado en 200 mil. A un costo promedio mensual por funcionario de $ 2,4 millones, eliminar un cuarto de ese aumento es el ajuste fiscal que se requiere para cumplir la meta de déficit de este año. No es fácil, pero es muy necesario.