Y ahora, ¿qué agenda legislativa hay que impulsar?

Ernesto Silva

Tal como lo consignó el editorial de Diario Financiero, el informe de Corfo que da cuenta del aumento de la productividad en nuestro país, es una de las noticias más destacadas de los últimos meses.



Hoy Chile está mejor. La economía crece, la cantidad y calidad de los trabajos mejora, la productividad aumenta, la pobreza disminuye, el acceso a las oportunidades avanza de forma importante. A pesar del entorno internacional incierto y de que el gobierno no ha logrado traducir con éxito estos logros en adhesión, es indiscutible que Chile está en una senda correcta de avance, oportunidades y progreso.

Lamentablemente, mientras observamos estos buenos resultados, vemos también que la discusión política se aleja de los ejes fundamentales del desarrollo y se arriesga a caer en temáticas populistas y poco significativas para contribuir a mayores oportunidades y mayor desarrollo humano.

La discusión del presupuesto 2013 fue el mejor ejemplo de esta falta de sintonía y priorización: mientras la ciudadanía pide avanzar y concretar las promesas, gran parte del debate presupuestario estuvo capturado por la consigna y no por las ideas. De hecho, si uno mira la propuesta inicial y lo compara con la ley aprobada, va a comprobar que las diferencias son tan pocas, que cuesta entender un ambiente tan conflictivo y desgastador como el vivido en el Congreso en octubre y noviembre.

En ese contexto, y considerando que nos acercamos al inicio del año electoral por esencia, es necesario discutir las prioridades de la agenda legislativa del Ejecutivo que contribuyan al desarrollo y al crecimiento. Instituciones, competencia y calidad de la regulación deben ser los ejes estructurantes de la agenda. Por ello, creo que en los próximos meses, la agenda institucional del gobierno debiera priorizar proyectos como los siguientes: Sistema de Alta Dirección Pública; Comisión de Valores para reemplazar la actual institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguros; Gobierno Corporativo del Sistema de Empresas Públicas; y Ley Única de Fondos.

En materia de competencia y en materias laborales, la agenda debiera incluir la modificación de las indemnizaciones por años de servicio y la flexibilización laboral, especialmente para la inserción femenina y de los jóvenes. La agenda debe favorecer la capacidad de las personas para tomar decisiones, fortaleciendo la oportunidad de elección en salud, en educación, en vivienda, entre otras áreas, introduciendo más competencia y transparencia en esos sectores, dejando atrás el antiguo debate sobre si es el Estado o el mercado quien debe proveer los servicios, y centrándose más en asegurar que estos sí se presten y en condiciones adecuadas para las personas.

En materia regulatoria, la agenda legislativa del gobierno debe ser muy responsable en temas que suelen ser populares, pero difíciles de regular con eficiencia como los seguros de salud, la tasa máxima convencional, el sistema de información comercial, entre otros. No por el solo hecho de avanzar se debe descuidar la calidad de la regulación y el riesgo de consecuencias no deseadas de un mal marco regulatorio.

Es verdad que las elecciones municipales, las próximas primarias y las subsecuentes elecciones parlamentarias y presidenciales marcan de forma relevante la pauta, pero no hay que perder de vista que en este año y algo más de gobierno que queda, la agenda legislativa gubernamental requiere una identidad y ejes centrales que la articulen: fortalecimiento de las instituciones, aumento de competencia y el emprendimiento, y calidad de la regulación de los mercados, deben ser los pilares fundamentales de los próximos meses.