Reforma previsional y proceso constituyente

Enrique Manzur

En septiembre de 2015 La Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones, presidida por el académico David Bravo y compuesta por otros 23 expertos nacionales y extranjeros, entregó su informe final. Tras 16 meses de trabajo, la Comisión generó múltiples recomendaciones, entre las que destacaban: (1) Incrementar, con cargo al empleador y en forma gradual, la tasa de cotización de 10% a 14%; (2) Fortalecer el Pilar Solidario; y (3) Generar incentivos para postergar la edad de jubilación y equipararla entre hombres y mujeres.

Lamentablemente, transcurridos cinco años, ninguna de sus propuestas ha visto la luz. Lo anterior es particularmente preocupante al observar que el actual debate sobre la reforma previsional sigue trabado en establecer el destino de un eventual aumento en la cotización que aún no se concreta. Esta inexcusable dilación contrasta con la inusitada celeridad mostrada por el mismo Congreso para aprobar el retiro del 10% desde las cuentas previsionales. Pareciera que para nuestros legisladores es mucho más fácil ponerse de acuerdo en cómo disponer de los recursos ahorrados, que en contribuir a incrementarlos.

A modo de referencia, si a partir de 2016 se hubiese aumentado la cotización en un punto porcentual por año, ya habríamos alcanzado la tasa de cotización de 14% originalmente propuesta por la Comisión Bravo, y se habrían aportado en el período más de US$ 10.000 millones a los fondos previsionales. Esto independiente de si dichos recursos adicionales hubiesen ido en su totalidad a las cuentas individuales, como la mayoría de las personas indica preferir (Estudio Cadem N°350, 2020), o una parte se hubiese destinado a un fondo común solidario.

En definitiva, el desafío de entregar pensiones dignas es fundamentalmente un problema de recursos. Asegurar jubilaciones adecuadas para todos requiere contar, de manera creciente, con muchísimos recursos, independientemente de que se financien con el ahorro y aportes de trabajadores y empresas, y/o a través del Estado y la recaudación de impuestos generales, como el IVA y otros. Para ponerlo en perspectiva, hoy en Chile hay 2,2 millones de personas mayores de 65 años, financiar una jubilación igual al sueldo mínimo para todos ellos requeriría disponer de US$ 11.000 millones cada año. Adicionalmente, el INE estima que en los próximos 15 años los mayores de 65 casi se dupliquen, alcanzando los cuatro millones en 2035, sin duda se trata de un desafío enorme.

Por todo lo anterior, resulta muy preocupante que se generen expectativas excesivas en la población respecto a que el Proceso Constituyente y la nueva Constitución puedan solucionar por sí solos el problema de las bajas pensiones y otros problemas sociales. Sin duda la Constitución juega un rol clave en múltiples aspectos, particularmente en la distribución de atribuciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el rol del Estado y el nivel de autonomía de distintos organismos como el Banco Central, o la Contraloría, entre varios otros. Sin embargo, respecto al aseguramiento de derechos sociales como la salud o las pensiones, la evidencia nacional e internacional demuestra claramente que enumerar derechos no garantiza su satisfacción. Por ello, harían bien nuestros legisladores en acelerar el paso y llegar a acuerdo en una materia tan relevante y sensible para la población.