¿Empleados públicos informales?

El incremento de la cantidad de trabajadores en el sector público ha generado gran debate en los últimos meses, dado que las magnitudes no se condicen con lo observado en los registros administrativos, en particular con lo exhibido en el gobierno central, enfocándose la sospecha en los gobiernos locales y empresas del Estado. La autoridad ha reaccionado con una instancia técnica para dilucidar lo que están reportando las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y así poder tener mayor certeza sobre la evolución total del empleo público en nuestro país.

Es necesario recordar que la encuesta es de autocaracterización, por lo cual un trabajador puede considerarse que es un empleado público porque, aunque eventualmente haya sido contratado por una empresa privada, presta servicios en una institución pública. Sin embargo, la pregunta inmediata es ¿qué fue lo que cambió en los últimos meses para que más personas se considerasen pertenecientes a la esfera estatal’

“La agenda pro empleo del Ministerio del Trabajo para 2024 debe incluir la informalidad entre los desafíos clave. Y el Gobierno necesita analizar mejor a esos trabajadores que se autodeclaran como empleados públicos, pero sin una relación formal con el Estado”.

Ahora bien, más extraño aún es que en la última encuesta del INE, correspondiente al período julio-septiembre 2023, se reportan 99 mil trabajadores informales en la Administración Pública y Defensa, con un incremento de 15% con respecto a igual período del año pasado. Los trabajadores formales de este sector alcanzaron en esa misma fecha a 645 mil personas, con un incremento de 9% en 12 meses.

La informalidad, según el INE, implica que el trabajador tiene una ocupación informal dependiente que no cuenta con cotizaciones de salud y previsión social por concepto de su vínculo laboral con un empleador. Esto, evidentemente genera una alerta sustancial sobre la situación de dichos trabajadores que sirven al Estado, ya que a su vez ese mismo Estado promueve y fiscaliza el cumplimiento de la regulación en el sector privado.

A nivel agregado, cerca del 26% de los ocupados se desempeñan en la informalidad, quedando muchos de ellos al margen de la seguridad social, con el efecto futuro que ello implica en la solicitud de Pensión Garantizada Universal y la correspondiente necesidad de financiarla.

De esta manera, uno de los desafíos permanentes que surgen de estas cifras es la necesidad de que la seguridad social incorpore paulatinamente a estos trabajadores informales, con los incentivos necesarios para que esa dinámica se produzca. No hacer nada en esta materia, segmenta de manera cada vez más profunda el mercado laboral en dos bloques, uno con todos los beneficios de la seguridad social y regulaciones laborales, y otro en donde nada de eso existe. El ejemplo de Perú, donde el 75% de los ocupados es informal, da cuenta de las consecuencias de no modificar las dinámicas actuales y sólo permitir que el problema siga creciendo.

En conclusión, en la agenda pro empleo que el Ministerio del Trabajo ha anunciado para el próximo año es necesario incluir la informalidad entre los problemas a enfrentar, ya que el crecimiento económico, por sí solo, no será capaz de alterar la proporción vigente. Asimismo, el mismo gobierno debe analizar en mayor detalle a esos trabajadores que se autodeclaran como empleados públicos, pero sin una relación formal con el Estado de Chile.