El dilema de la mensajería cifrada en la gobernanza pública

CATHERINE MUÑOZ

No es Signal, es cómo, quién y para qué se usa. Hace poco vimos al Presidente Boric mostrando una conversación en esa aplicación de mensajería instantánea, durante una conferencia de prensa. Lo hizo con la tranquilidad de quien comparte un documento irrelevante. De lo que no se percató es de que, solo por excepción, las comunicaciones de seguridad o inteligencia del Estado deben ser confidenciales, siendo la regla general que la política se desarrolle en foros abiertos y auditables.

A partir del caso del exsubsecretario del Interior surge una razonable duda sobre cuántas conversaciones con impacto en los ciudadanos quedan enterradas en chats, o se eliminan del mismo, sin posibilidad de recuperación. Tanto Signal, como WhatsApp y Telegram ofrecen la posibilidad de hacer desaparecer la mensajería de forma total o parcial. Es solo un tema de configuración. Pero ¿qué sucede cuando las decisiones importantes del Gobierno se toman en conversaciones privadas que desaparecen sin dejar rastro? Aquí está el verdadero problema. Por un lado surge la “opacidad total”: un Gobierno sin rastro, que saca provecho del cifrado de estos chats. Si éstos contienen decisiones gubernamentales clave, no hay manera de supervisarlos. ¿Cómo podemos saber si una decisión responde al interés público o a presiones externas? Sin registros verificables, la ciudadanía queda en la oscuridad.

¿Qué sucede cuando las decisiones importantes del Gobierno se toman en chats privados que desaparecen sin dejar rastro? Sin registros verificables, la ciudadanía queda en la oscuridad.

Y luego tenemos la “falta de trazabilidad”: sin evidencia, no hay control. El cifrado de extremo a extremo hace imposible recuperar fácilmente los mensajes una vez enviados. Esto es excelente para proteger a las personas de hackeos, pero terrible para el control democrático. Si se toman acuerdos importantes en estas aplicaciones y luego se niegan públicamente, no hay manera de probar lo contrario. Sin saber quién decide, cómo lo hace y por qué, la conexión entre representantes y ciudadanos se pierde. Como señalan Gutmann y Thompson, la representación sin supervisión es solo una ilusión.

En suma, cuando no hay transparencia, la confianza pública se quiebra. Si los ciudadanos sienten que las decisiones se toman a sus espaldas, dejan de participar. Y sin participación, el gobierno pierde legitimidad. Es un círculo vicioso: menos participación, más opacidad, más desconfianza.

Podemos encontrar un equilibrio, a través de estrategias para un uso responsable de la tecnología y reglas claras: plataformas auditables, como las de videoconferencias, que almacena grabaciones y transcripciones para futuras auditorías; o plataformas híbridas, con un sistema de cifrado controlado que almacene las conversaciones de manera segura, permitiendo acceder a ellas con autorización institucional, sin perder transparencia en el proceso. Así la tecnología puede ser una aliada en la construcción de instituciones más fuertes y confiables.
Lo importante es que el poder nunca se esconda detrás de herramientas que bloqueen la supervisión ciudadana. La democracia necesita ciudadanos vigilantes y transparencia para sobrevivir. El problema, entonces, no es un sistema de mensajería La tecnología es una herramienta poderosa, pero debe estar al servicio de la transparencia, no en su contra.