DF Tax | Una reforma tributaria a destiempo
Jorge Alessandri, diputado de la UDI.
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Jorge Alessandri
Cuando la inflación se proyecta sobre el 10% (la más alta en los últimos 28 años), con un crecimiento en torno al 1%, y ad-portas de una recesión, parece inverosímil que el Gobierno proponga una reforma tributaria que crea impuestos, aumenta otros y grava actividades que hasta ahora no estaban gravadas, afectando prácticamente a todos los sectores de la economía, además, con una promesa de recaudación de 4,1 puntos más del PIB, que tiende a ser difusa y poco realista.
Da la impresión que el intervencionismo en la campaña del "apruebo" ha desatendido las obligaciones principales, y lamentablemente vemos que La Moneda está absolutamente ausente en materias tan sensibles como la seguridad en la Araucanía, el control migratorio, la lucha contra el narcotráfico, y particularmente respecto a la situación económica grave que enfrentamos.
“Pareciera que la autoridad ignora que una medida de este tipo (cambios a DFL-2) trae consigo efectos que, además de deteriorar la situación económica de los chilenos, afectan la recaudación de impuestos que dicen buscar. Se cambian las reglas del juego de las personas que decidieron invertir sus ahorros en este tipo de inmuebles”.
Dentro de las propuestas que hemos visto en la reforma tributaria, llama particularmente la atención la modificación en rentas de arrendamientos de inmuebles DFL 2, en donde el Gobierno busca gravar los ingresos por arriendos que reciben las personas de inmuebles de menor tamaño (DFL N°2).
Pareciera que la autoridad ignora que una medida de este tipo trae consigo efectos que además de deteriorar la situación económica de los chilenos, afectan la recaudación de impuestos que dicen buscar. Se cambian en primer lugar las reglas del juego de las personas que decidieron invertir sus ahorros en este tipo de inmuebles, generando injusticias que al Gobierno parecieran ya no importarles.
Se afecta por otra parte la construcción de este tipo de inmuebles, al desincentivar su compraventa, lo cual trae consigo afectar también el empleo en la construcción. Pero, además, se aumenta el valor de los arriendos, ya que el impuesto será finalmente traspasado a los arrendatarios, lo que finalmente genera un aumento del valor de los arriendos que ya se encuentra en sus niveles más altos.
Finalmente, el Gobierno desconoce que el 90% de los chilenos que percibe rentas por arrendamientos aún se encuentra pagando su crédito hipotecario, por lo que tampoco estamos hablando de ingresos realmente percibidos por quienes deberán pagar este nuevo impuesto.
Pareciera que la autoridad no ha modificado en nada su visión inicial en materia económica que simplemente se limita a aumentar impuestos hasta cuanto sea posible, asfixiar la actividad económica cuando la ejercen los privados, y gravar en cada momento que sea posible, sin preguntarse si económicamente conviene.