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Alto contrasteDF Tax | Estrategia efectiva para las PYME
Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI.
El 24 de octubre del año pasado, se publicó la Ley N°21.713 sobre cumplimento de las obligaciones tributarias. En dicha ley, se contemplaron algunas medidas pro-contribuyente que tenían entre sus objetivos incentivar su cumplimiento tributario, destacando la condonación extraordinaria de intereses y multas, traducida en una norma transitoria y otra permanente para PYME.
La norma transitoria contempla una condonación del 100% de los intereses y multas respecto de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos hasta el 31 de diciembre de 2023. En principio, el plazo establecido en la ley para acogerse fue el 31 de octubre del año 2024, pero debido a que la tramitación se demoró más de lo previsto, y evitando que la ley no fuera letra muerta, posteriormente a su publicación, el Gobierno tuvo que ingresar un proyecto que extendía la vigencia en 90 días desde que se publicara la ley que modificaba la N°21.713. Con esto, el plazo se cumplió el 21 de marzo recién pasado.
La medida permanente para la PYME consiste en que podrán solicitar la prescripción de sus deudas y acceder a convenios de pago por hasta 18 meses, sin intereses ni multas, y no se podrá exigir un pago inicial superior al 5% de la deuda. Con esto, se buscaba que parte de las que conocemos como “el motor de nuestra economía” pudieran ponerse al día en sus obligaciones incumplidas.
Las expectativas respecto al cumplimiento de los objetivos de recaudación de las medidas señaladas estaban en jaque, luego de que esta administración acostumbrara a una serie de desaciertos en los cálculos de parte de las autoridades encargadas de las finanzas fiscales. Sin embargo, la Tesorería General de la República realizó un balance de la recaudación a horas de cumplirse uno de los plazos, y los resultados apuntan a que, al jueves 20 de marzo, más de 96.000 contribuyentes se habían acogido a las medidas tanto transitorias como permanentes, permitiendo que el Fisco recaude más de US$ 110 millones en impuestos atrasados.
Los resultados auspiciosos demuestran que estos beneficios representan una valiosa oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal, aliviando su carga financiera, y fomentando el cumplimiento tributario en el país. Con esto último, se aumenta la recaudación fiscal, tan necesaria en épocas de estrechez, y se contribuye a la reactivación de la economía.
No obstante, a pesar de que los resultados de esta medida han sido positivos en términos de recaudación, también evidencian una contradicción en la política fiscal: en lugar de recurrir constantemente a alzas de impuestos, basta con implementar estrategias efectivas para incentivar el cumplimiento y reducir la evasión. La condonación de multas e intereses no solo funciona como un salvavidas para contribuyentes morosos, sino que también pone en tela de juicio la eficiencia del sistema tributario en su conjunto.
Más que un éxito en sí mismo, este aumento en la recaudación expone una falla estructural: el Estado deja de percibir miles de millones hasta que se ve obligado a ofrecer incentivos para que los contribuyentes paguen lo que ya debían. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿por qué es necesario llegar a estos extremos para que el sistema funcione? En lugar de celebrar la recaudación como un logro, deberíamos preguntarnos qué otras medidas podrían aplicarse de manera permanente para evitar que la evasión siga siendo un problema recurrente en nuestro país.
