¿Debate técnico? El caso del gas en Chile

HERMANN GONZÁLEZ

Una de las características del debate reciente de diversas políticas públicas ha sido el desprecio por los argumentos técnicos y el impulso de medidas populistas que, por definición, buscan un beneficio de corto plazo sin tener en cuenta los efectos negativos de largo plazo que provocan. La discusión en torno a la regulación de la industria del gas se está moviendo precisamente en esa dirección.

Hace algunos días se hizo público el informe final de la FNE sobre el mercado del gas, seguido a los pocos días de un proyecto de ley enviado por el gobierno que hizo eco de las recomendaciones de dicho informe. Uno de los aspectos esenciales de ambos documentos es plantear como principal medida para fomentar la competencia y reducir los precios, prohibir la participación de las empresas mayoristas en la distribución minorista. Las empresas del gas hicieron comentarios técnicos a las estimaciones y recomendaciones de la Fiscalía que no fueron tomadas en consideración por esta ni por el gobierno en el proyecto de ley enviado al Congreso.

Aspectos como la medición del margen de la industria (que ha sido rebatido públicamente por las empresas del sector), los eventuales perjuicios ocasionados a los consumidores y la potencial baja de precio que producirá esta nueva regulación son todos aspectos discutibles que debieron ser abordados mediante un debate técnico serio, abierto y con académicos expertos. Sin embargo, perdimos esa oportunidad y ahora el debate se dará en el Congreso, con los riesgos que ello implica.

No existe garantía alguna de que la prohibición a las empresas mayoristas que se está imponiendo baje los precios al consumidor, toda vez que estos precios dependen de condiciones exógenas y porque una parte irá a mejorar los márgenes de los minoristas.

Además, es posible que la calidad del servicio disminuya y la opacidad de los precios aumente con estos cambios. Opciones como la creación de un mecanismo de estabilización de precios, facilitar la movilidad de los minoristas o el desarrollo de la red de gas natural simplemente no fueron consideradas. La opinión de miles de Pymes que participan de este mercado, tampoco.

Nadie podría estar indiferente del efecto que tiene el alza del precio del gas para los hogares, especialmente en un contexto en que la inflación alcanza máximos en más de una década. De ahí que propuestas como la distribución de este combustible por parte de los municipios e incluso algunas ideas de fijación de precios aparecieron dentro del pool de opciones que apuntan a dar una solución rápida para un problema más complejo, porque el precio del gas depende principalmente de variables que no manejamos, como son los precios internacionales y el tipo de cambio.

Una actitud anti empresarial de parte de los reguladores y del sistema político puede ser altamente popular, pero al mismo tiempo genera un daño enorme sobre las perspectivas futuras en materia de inversión, empleo y desarrollo económico. Un debate técnico sin sesgos es fundamental para la formulación de políticas públicas de calidad. Que esta discusión se dé en el Congreso es un riesgo, porque los incentivos pueden llevar a que nuevamente terminemos con una solución popular en el corto plazo, pero negativa tanto para las empresas, como para los hogares en el largo plazo.