¿Cuánta solidaridad hay en el sistema de pensiones?
Ingrid Jones Economista, Libertad y Desarrollo
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Ingrid Jones
El componente solidario de nuestro sistema de pensiones ha ido tomando mayor presencia en cobertura y gasto fiscal, como consecuencia de las transformaciones que se le han hecho en el tiempo. En 1975 se crearon las pensiones asistenciales (PASIS) que favorecían a los mayores de 65 años que no recibían una pensión de alguna de las Cajas Previsionales del antiguo sistema de pensiones por no haber cotizado y que fuesen carentes de recursos, así como también quienes no pudieran trabajar por problemas de invalidez o discapacidad. A quienes hubiesen cotizado al menos 20 años se les garantizaba una pensión mínima, a través de un subsidio por la diferencia entre la pensión mínima establecida y su pensión autofinanciada.
La reforma de 2008, que creó el Pilar Solidario, reemplazó estos beneficios y entregó una Pensión Básica Solidaria (PBS) a los mayores de 65 años, que no hubiesen cotizado y que integraran un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población. A los que cotizaron, se les otorgaba un Aporte Previsional Solidario (APS), mediante el cual el Estado aportaba recursos para que su pensión final no fuese de un monto inferior al de un umbral definido.
“Los aumentos de cobertura y de monto han significado un crecimiento sostenido de la cantidad de recursos públicos para solidaridad”.
Fue la creación de la PGU en 2022 la que aumentó significativamente el número de beneficiarios, al excluir solamente a quienes pertenezcan al 10% más rico de la población y al otorgarse a los mayores de 65 años, sin importar si están pensionados o no. Así, mientras en el año 2000 el 14,7% de las personas mayores de 65 años recibía una pensión asistencial, en 2023, aproximadamente 85% de este grupo recibió una PGU u otra ayuda previsional solidaria. Además, el monto del beneficio también es significativamente superior a los beneficios otorgados anteriormente. Para 2024 el monto de la PGU será de $ 214.296, lo que significa un aumento real de 17,8% respecto de la pensión básica que entregaba el pilar solidario previo a la existencia de la PGU.
Los aumentos de cobertura y de monto han significado un crecimiento sostenido de la cantidad de recursos públicos para solidaridad. En 2007, año previo al pilar solidario, el gasto fue de 0,3% del PIB, mientras que en 2021, después de los incrementos extraordinarios en los montos de los beneficios de 10% y 50%, en 2016 y 2019 respectivamente, los recursos públicos requeridos alcanzaron 1,24% del PIB. Para 2024 se espera que el gasto duplique esta cifra, ubicándose en torno a 2,4%.
La gran cantidad de recursos públicos comprometidos, que sólo se verán incrementados en el futuro, relevan la importancia de garantizar su financiamiento de manera sostenible en el largo plazo. Por ello es que nuevos aumentos en el monto de la PGU, más allá de su reajuste por inflación, deben ser acotados y focalizados en ciertos grupos, de tal manera de mantener la responsabilidad fiscal. No podemos correr el riesgo de tener un beneficio desfinanciado que genere desequilibrios fiscales y ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
