Quién tiene la legitimidad

Constanza Hube

A propósito de la crisis social y el proceso constituyente mucho se ha hablado de la legitimidad, y en específico de quiénes estarían (o no) legitimados para seguir gobernando o legislando en un contexto de baja aprobación y confianza en las instituciones.

En este complejo escenario, hemos visto cómo algunos parlamentarios han sostenido, por ejemplo, que no se encontrarían legitimados para llevar adelante un proceso constituyente, “renunciando” de alguna manera al ejercicio de sus funciones; y por otro lado, otros actores, particularmente dirigentes de organizaciones sociales (Colegio de Profesores, Confusam, entre otras) han señalado que las asociaciones que ellos representan tendrían hoy “mayor legitimidad” que los partidos políticos para participar en instancias como las franjas televisivas.

Estas declaraciones son complejas y hay que prestarles especial atención. Consideremos algunos elementos.

Primero, ¿qué implica la legitimidad del poder? Esto tiene que ver con la pregunta de por qué se obedece a determinados individuos, pero muy especialmente por qué se obedecen decisiones con las cuales no se está de acuerdo o se consideran derechamente erróneas. Obedecer aquello con lo que se está de acuerdo no es suficiente, pues en último término implica obedecerse a uno mismo.

A lo largo de la historia se han ensayado distintos argumentos para tratar de justificar la legitimidad del poder: fuerza, carisma, religión, tradición y, finalmente, el respaldo racional. Es en este último argumento donde encontramos a la democracia (sufragio) como un mecanismo que opera como creencia legitimadora, no sólo respecto de la determinación de quiénes ejercen el poder, sino del sistema mismo.

¿Esto quiere decir que las encuestas no son importantes? ¿O que la participación de las organizaciones sociales no es relevante? Claro que no. La opinión pública, muchas veces expresada a través de encuestas, es una fuerza política que permite apreciar el respaldo con que cuenta cada autoridad pública, y que permite tomar o redirigir ciertas decisiones y prioridades. Un ejemplo reciente fue el acuerdo en materia de pensiones e ingreso mínimo.

Pero lo que no se puede olvidar es que, en un Estado de derecho, la legitimidad para gobernar no la entrega una encuesta o un sondeo de opinión, sino que elecciones democráticas y las reglas vigentes.

Así, esta suerte de “atribución de legitimidad” de ciertas organizaciones sociales es riesgosa no sólo porque muchas veces las elecciones de estos cuerpos intermedios han sido cuestionadas, sino que porque ellas representan intereses de grupos particulares y no el interés general.

En una sociedad civilizada que se sostiene sobre un poder institucionalizado, y no personalizado, una sociedad ordenada que se sujeta a reglas y no personas, respeta a las autoridades no por los individuos que detentan los cargos o por las decisiones que adoptan, sino que por lo que ellos representan. En esta línea, hay que tener cuidado con aquellos que se atribuyen sin más la representación de la ciudadanía y con quienes se auto atribuyen mayor legitimidad.

La clave en una democracia consiste en estar dispuesto a perder (como candidato o elector). Cabe tener esto en cuenta para el plebiscito de abril, ya que ambas opciones (apruebo y rechazo) son igualmente legítimas y lo que corresponde es que todos los ciudadanos concurramos a votar con libertad, sabiendo que se respetará el resultado, cualquiera que sea.