¿Nueva Constitución?

Constanza Hube

“Retomar la discusión sobre una nueva Constitución desde el Congreso”. Así se titularía -de acuerdo a la información recientemente publicada por un medio de comunicación- la minuta que elaboraron parlamentarios que conformarán la mesa del Senado en la próxima legislatura. Esto último se suma a algunas apariciones en prensa de parlamentarios que pretenden revivir el proyecto de nueva Constitución presentado por la Presidenta Bachelet.

Según se ha dicho, el objetivo de esta discusión sería recoger las críticas y observaciones de los ciudadanos a la propuesta realizada por la ex mandataria e introducir modificaciones, de manera que dicho proyecto “goce del mayor grado posible de legitimidad”.

Hagamos un poco de historia en esta materia.

Primero, la iniciativa que se buscaría reimpulsar corresponde al proyecto de reforma constitucional enviado por la Presidenta Bachelet sólo cinco días antes de terminar su período. Cabe recordar, además, que dicho proyecto no sólo fue presentado finalizando el segunda mandato de la Presidenta, sino que también fue ingresado sin mayor acuerdo o diálogo con la coalición oficialista de ese momento. Tanto es así, que los principales críticos de esta acción fueron los propios parlamentarios oficialistas (hoy, opositores), quienes incluso calificaron el ingreso del proyecto como un “ejercicio testimonial” y luego de un proceso constituyente “mal manejado”.

Dicho proceso constituyente, según sabemos, también fue objeto de numerosos reproches, tanto de sectores oficialistas, opositores y académicos, como de los propios ciudadanos respecto de la distorsión y arbitrariedad con la que fueron elaboradas las actas de discusión de los encuentros locales autoconvocados, y de las graves inconsistencias que existieron entre el informe final del Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización. A esto se suman las duras críticas sobre la baja participación en estas instancias ciudadanas, especialmente en la etapa de los cabildos, y sobre el porcentaje importante de facilitadores que en su momento eran funcionarios de gobierno.

Por su parte, y en lo que respecta al contenido, el texto propuesto le puso especial énfasis al reconocimiento de una serie de derechos sociales —tales como el derecho a la vivienda y el derecho a huelga—, los que sin duda generan preocupación, porque no se advierte cómo se podrían aterrizar en la práctica, cómo podrían ser tutelados por el Estado ni cuál puede ser el impacto que tengan en la economía.

Entonces, en momentos en que el sector privado requiere certeza jurídica y reglas claras, se está buscando reinstalar una discusión compleja, basada en un proyecto que fue presentado en los descuentos del gobierno anterior y sin ningún tipo de consenso. No resulta comprensible que se pretendan dejar de lado las verdaderas prioridades legislativas, en pos de un proceso constituyente y una propuesta constitucional tan cuestionados. Sin duda existen temas más importantes y urgentes para el país.