Competencia en el sector eléctrico: el costo de una normativa rezagada

ÓSCAR CABELLO

Durante los años ‘80 y ‘90 del siglo pasado, la normativa del sector telecomunicaciones sufrió cambios cruciales en Chile, que permitieron superar el régimen de monopolio y crear un mercado competitivo, caracterizado hoy por una baja intervención estatal, modernos servicios y precios al alcance de cualquier bolsillo.

Pero el sector eléctrico se quedó rezagado y exhibe una frondosa y a veces errada normativa estatal, servicios poco confiables y precios al alza, que amenazan el bienestar de la población y el futuro de la economía.

“Los errores normativos han creado diversos problemas, que pocas autoridades reconocen, contentándose con estudios que auguran mejores servicios y precios, pero que nunca llegan”.

El sector eléctrico está compuesto por tres subsectores: generación, transmisión y distribución. En generación puede haber competencia, ya que diversas empresas se disputan las licitaciones para abastecer a las distribuidoras y a los grandes clientes. En cambio, la transmisión y la distribución son considerados monopolios naturales y la normativa lo refuerza al impedir que los clientes medianos y pequeños (con potencias instaladas inferiores a 500 kW) puedan elegir al generador de su preferencia, modalidad que en países desarrollados existe desde hace más de 20 años.

Por su parte, los errores normativos han creado diversos problemas, que pocas autoridades reconocen, contentándose con estudios teóricos que auguran mejores servicios y menores precios futuros, pero que nunca llegan.

Por ejemplo, el Estado decidió asumir un liderazgo internacional en materia de descarbonización, cerrando generadoras térmicas e incentivando artificialmente la generación solar y eólica, pero no consideró que ello, en vez de reducir los costos de la energía, los encarecería. Además, mientras algunos países ponen fin a la generación térmica, otros, como China, India o los Estados Unidos siguen invirtiendo en ella, porque su costo es relativamente bajo y además porque piensan -también lo pienso- que no necesariamente es la causante del cambio climático.

Otro ejemplo es el precio garantizado que la normativa otorga a algunas generadoras solares, que les evita competir con las demás generadoras y que es subsidiado por éstas, algo totalmente contrario a la libre competencia.

Tan excesivo ha sido el incentivo a la generación solar, que a ciertas horas el precio mayorista instantáneo se ha vuelto nulo, perjudicando a muchos generadores, pero favoreciendo a otros, que la pueden revender a precio de oro, lo que no podría ocurrir en un mercado verdaderamente competitivo.

Otro error fue traspasar los costos de transmisión a los usuarios (antes eran pagados por las generadoras), quitando una señal necesaria para optimizar el emplazamiento de la generación. Además, el accionista que controla la transmisión ha tomado también el control de dos distribuidoras clave, pese a que la ley prohíbe esta forma de integración y sin que las autoridades se inquieten por ello.

Pero hay una luz de esperanza: el Ministerio de Energía ha propuesto al TDLC reducir de 500 kW a 300 kW el umbral para elegir al generador. Es una buena iniciativa, pero recomendaría reducirlo a cero kW, de modo que cualquier usuario pueda elegir a quien le ofrezca las mejores condiciones. Un mercado verdaderamente competitivo permitiría resolver varios de los actuales problemas del sector eléctrico.