El dilema fiscal

Claudio Soto

A comienzos de abril el ministro Felipe Larraín dio a conocer medidas de austeridad para reducir gastos por US$ 122 millones anuales, un 0,5% del total. Este anuncio sigue a la polémica generada a raíz del cierre fiscal de 2017, que mostró un deterioro en la medición del déficit estructural, el que habría sido de 2,0% en vez del 1,7% anunciado en enero.

Ciertamente los esfuerzos impulsados por el ministro de Hacienda son valorados. Después de deterioros sucesivos del balance fiscal desde 2012, la deuda pública ha aumentado y el país ha pasado de ser un acreedor a un deudor neto. Los niveles de deuda siguen siendo bajos si se comparan con otras economías emergentes y, por cierto, respecto de los países desarrollados. Pero la velocidad a la que ésta ha aumentado es motivo de preocupación.

Algunos factores mitigarán la dinámica creciente de la deuda en los próximos años. Uno de los más importantes es la culminación del pago de los bonos de reconocimiento. Del 12% del PIB de incremento de deuda bruta entre 2012 y 2017, casi 3% del PIB se debió a la reducción de este pasivo contingente. En la actualidad solo queda un remanente de 1% del PIB, el que debiese quedar saldado en unos pocos años. Como contrapartida, la probabilidad de que se gatillen otros pasivos ha aumentado. Por lo pronto, las garantías del Crédito con Aval del Estado acumulan más de 1% del PIB y es posible que, en medio de la discusión respecto de la modificación del sistema, las contingencias aumenten.

Pero más allá de estos factores, estabilizar la dinámica de deuda requiere ir reduciendo los déficit fiscales de manera persistente. En otras palabras, es necesario un marco fiscal que apunte a disminuir los déficit estructurales, que justamente buscan estimar la situación fiscal con un prisma de mediano plazo. Por lo mismo, no basta solo con la recaudación que se logra con un mayor crecimiento cíclico o un aumento transitorio en el precio del cobre.

Dadas las proyecciones de ingresos y los parámetros estructurales actuales, el espacio de crecimiento del gasto necesario para ir reduciendo gradualmente el déficit estructural -en mayo se deberá definir cuál es la estrategia precisa a seguir en esta materia- es especialmente limitado, el menor de los últimos tres gobiernos. Es más, existen muchos gastos ya comprometidos por ley y las presiones por nuevos compromisos seguirán siendo elevadas. Por de pronto, el gobierno ya anunció un proyecto de ley para aumentar los subsidios a organismos colaboradores del Sename y ha anunciado reformas al sistema de salud que sin duda costarán dinero. A ello se agrega la reforma de pensiones, que necesariamente involucrará mayores recursos públicos para complementar el pilar solidario y financiar las mayores cotizaciones de los funcionarios públicos.

Por otro lado, el gobierno ha anunciado una modificación al sistema tributario, con eventuales rebajas al impuesto de primera categoría y reintegración total del impuesto a la renta. El ministro de Hacienda también ha señalado que dichas modificaciones serían fiscalmente neutras. Esto requerirá aumentar otros impuestos, lo que no es tarea fácil. Los impuestos específicos tienen bases tributarias estrechas, por lo que se necesitaría aumentos sustantivos en las tasas. Algunos han señalado la conveniencia de subir el IVA. Desde un punto de eficiencia económica, esta es una buena idea, pues es un impuesto poco distorsionador y favorece el ahorro.

Sin embargo, este es un impuesto regresivo que afecta más a los más pobres –precisamente porque se aplica sobre el consumo-, por lo que políticamente es más complejo de impulsar.

Cuando hay dilemas en economía, la mayor parte de las soluciones a los problemas son “interiores”, no “de esquina”. En el caso particular del dilema fiscal, probablemente el gobierno lo deberá enfrentar desde distintos frentes, haciendo concesiones en cada uno de ellos. El ajuste anunciado hace algunas semanas es un buen primer paso, pero aún queda mucho. El gobierno tiene una gran tarea por delante.