El año que se va

Claudio Soto

Chile inició el año con elevadas expectativas. El foco del nuevo gobierno en el crecimiento, un precio del cobre alto, y una serie de elevados Imacec propiciaron un ambiente optimista. Sin embargo, hoy el estado de ánimo no es el mismo. Los indicadores de confianza de empresas y personas han retrocedido, en un contexto donde el mundo manifiesta crecientes grados de polarización e incertidumbre derivadas de la guerra comercial, las tensiones en Europa y la fragilidad de varias economías emergentes.

¿Qué nos deja el año que se va? Lo bueno. Si bien se pensó que la economía podría expandirse más, el 4% con que probablemente cierre 2018 es una buena cifra. También lo es que la inversión suba, aunque a un ritmo algo más lento que en episodios anteriores de recuperación. Otro elemento positivo es la contención del gasto público, que significará cerrar con un déficit en torno al 2% del PIB, permitiendo que la deuda comience a estabilizarse.

En materia de política pública, volver a poner la economía al centro de la discusión ha sido positivo. Aunque sin grandes avances en proyectos legislativos de magnitud, preocuparse por los incentivos en el diseño de las nuevas iniciativas es sin duda muy relevante. Por último, lo más destacado en el ámbito financiero es la aprobación de la nueva Ley General de Bancos, después de varios años de tramitación, lo que pone al día una regulación de mediados de los 80.

Lo malo. A pesar de las mejores cifras, el consumo sigue débil. En su último IPoM, el Banco Central estimó que este año crecería 3,6%, por debajo de la expansión de la actividad total, fenómeno que no se observaba desde comienzos de los 2000. Aun cuando el instituto emisor presentó estimaciones que apuntan a una creación de empleos mayor a la de las estadísticas oficiales, el relativo bajo dinamismo del consumo puede estar reflejando un mercado laboral no del todo robusto, lo que también explica las caídas en las encuestas de percepción de los hogares.

Los desafíos. Existen varios y la forma en que se aborden será crucial. Por un lado, está pendiente la anunciada reforma al Sistema de Evaluación Ambiental. Aunque se han aprobado nuevos proyectos, la maraña regulatoria hace que los procesos de evaluación sigan siendo complejos e inciertos. Un segundo aspecto se refiere a la modernización tributaria. El gobierno presentó su proyecto de ley hace un par de meses, pero todavía no se vota la idea de legislar. Esta iniciativa contiene una serie de aspectos positivos que pueden contribuir a la inversión y, por esa vía, al crecimiento. Sin embargo, persisten las dudas sobre su carácter neutral desde un punto de vista fiscal, aspecto sumamente relevante, toda vez que en paralelo se discute una reforma de pensiones que conllevará aumentos en el gasto público en torno a 1,5% del PIB.

En materia tributaria, nos encontramos ante el tercer cambio de magnitud en un período muy corto de tiempo. La semana pasada, el profesor Nouriel Roubini –famoso por anticipar la gran crisis financiera– remarcaba, en medio de una conferencia con eximios economistas convocados por el gobierno, la importancia de los grandes acuerdos en materia de política pública para evitar que las iniciativas de gobiernos de turno sean revertidas por los siguiente. En esta línea, cerrar el debate tributario con un consenso amplio será importante para dar estabilidad y certidumbre.