Que los empresarios paguen la cuenta

Cecilia Cifuentes

Cierto, una de las causas de la crisis actual es el accionar de un grupo minoritario de empresarios. En algunos casos abusaron de su posición dominante en el mercado y en otros fueron malos empleadores, no tanto por pagar bajos sueldos, sino por olvidar que sus empleados son mucho más que un recurso productivo, cuya dignidad como personas es anterior a su función productiva.

Pero ojo, existen también malas prácticas de trabajadores. Ojalá este fuerte remezón genere cambios permanentes en este aspecto, y no nos quedemos en las frases de buena crianza que se escuchan por estos días de los líderes empresariales. Esos cambios van en la línea de mayor respeto por el otro, “internalizar” las externalidades que cada uno genera, lo que se logra con una combinación de sanciones apropiadas y mayor cultura cívica. En ambos aspectos necesitamos avanzar.

Pero, ¿qué hay de pagar la cuenta a través de imponer mayores costos laborales y tributarios? Efectivamente es lo que va a ocurrir, ya que van a subir los impuestos, mientras que los costos laborales van a aumentar producto de la reforma de pensiones, la reducción de jornada, la sala cuna y aumentos de salario mínimo más generosos, entre otros. Todo esto, en un contexto de gran incertidumbre regulatoria, es una receta que va a frenar la inversión, dañando la creación de empleo formal, los aumentos de productividad y los salarios reales. “No importa”, dicen muchos, “este país está lleno de oligopolios que pueden pagar esos costos, porque llevan años de altas utilidades”.

Efectivamente, hay rubros que tienen serios problemas de competencia, lo que genera situaciones de utilidades sobre normales. ¿Pero se resuelve aumentando los costos laborales y tributarios? Por supuesto que no, de hecho, precisamente por su carácter oligopólico esas empresas podrán traspasar los mayores costos a los precios de bienes y servicios, no en el corto plazo con una economía en crisis, pero sí lo harán en el mediano plazo, porque así operan los mercados en que existe poca competencia. Finalmente, los mayores precios de bienes y servicios anulan la ganancia salarial de los trabajadores.

Además, ¿qué pasa con las miles de empresas que sí enfrentan mercados competitivos? ¿Las que operan en el sector transable? Obviamente, los mayores costos laborales y tributarios las empiezan a dejar fuera de mercado. No es coincidencia, entonces, que algunos líderes gremiales comiencen a insistir que el país requiere una “política industrial” que impida la desaparición de este sector. Entonces buscamos formas de subsidiar a aquellos sectores con poder de lobby para pedir protección, y terminamos reforzando la condición oligopólica de las empresas que hoy la tienen, porque se dificulta que surjan otras que les puedan competir producto de los mayores costos. Ese modelo no tiene nada de nuevo, así funcionaba nuestro país hace medio siglo, así funcionan algunos de nuestros países vecinos, y ya sabemos los pobrísimos resultados de desarrollo que se obtienen.

Entonces, hagamos pagar la cuenta a los empresarios, pero reforzando la libre competencia y facilitando el surgimiento y desarrollo de nuevas empresas, y no a través de mayores costos de producción. Esto requiere un rol importante del Estado, a través de la legislación antimonopolio, facilitando el acceso al financiamiento de nuevos proyectos, y especialmente a través de un Estado más eficiente. Porque es precisamente la maraña regulatoria y la acción de los organismos estatales la principal barrera que deben enfrentar las empresas de menor tamaño. Las grandes empresas ya saben cómo hacerlo.