Cajas negras y ley de delitos económicos

María Jaraquemada Hederra

Hace casi tres meses, el 18 de agosto, entró en vigencia la Ley de Delitos Económicos y del Medio Ambiente, luego de varios años de discusión en el Congreso, a iniciativa de un grupo transversal de diputados. Esta ley tiene como objetivo sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, adecúa las penas aplicables, buscando que el reproche penal sea proporcional a la gravedad e impacto de este tipo de irregularidades.

¿Qué se entiende por este tipo de delitos? Básicamente, aquellos que son cometidos en el ejercicio de un cargo en la empresa, pero también aquellos que sean efectuados por un funcionario público a instancias de alguien que tenga un puesto en una compañía, como el cohecho.

“Sin duda que un caso como el revelado por CIPER, de comprobarse, da fundamento a la necesidad de esta nueva Ley de Delitos Económicos, que contempla privación de libertad efectiva, lo que podría ser un mayor desincentivo para este tipo de delitos”.

Los audios que CIPER develó este martes sobre un posible entramado de evasión tributaria, soborno y cohecho ante entidades como la -hace poco estrenada- Comisión de Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) han producido gran sorpresa, indignación y reacción tanto en el mundo empresarial como en el sector público. Los, a esta altura, famosos audios, dan a entender que, para defenderse de investigaciones por posibles irregularidades de una empresa de factoring y una corredora de seguros de un empresario -que ya tiene antecedentes e investigaciones por causas de administración desleal, posibles manipulaciones contables, entrega de información falsa al mercado y estafa reiterada-, se pagarían -y habrían pagado previamente- sobornos a funcionarios de la CMF y el SII, para obtener información privilegiada, “bloquear computadores” o “hasta quemar la oficina del SII”, con tal de quedar impunes.

De más está decir que mientras no haya un pronunciamiento judicial, estas personas aún gozan de la presunción de inocencia, pero la preocupación queda instalada.

De este modo, posibles delitos de evasión tributaria a través de facturas ideológicamente falsas y la creación de una caja negra para el pago de sobornos y cohecho, deberán ser investigados por el Ministerio Público y las propias entidades aludidas. Sin duda que un caso como éste, de comprobarse, da fundamento a la necesidad de esta nueva Ley de Delitos Económicos. Sobre todo, porque con estas nuevas reglas, es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, algo que según diversos estudios podría constituir un mayor desincentivo para este tipo de delitos, además de fortalecer la lucha contra la corrupción al impedir la impunidad de conductas tan gravosas, clave también para promover la confianza en nuestro Estado y democracia.

Cabe preguntarse si, estando vigente esta ley, se habría cambiado el supuesto comportamiento de los involucrados y habría menos desfachatez para determinar el “precio de mercado” de los sobornos y la solicitud de cajas negras a los clientes. Hechos como estos ponen a prueba nuestra institucionalidad y sistema, y tendremos que ver si se está a la altura de tirar el hilo hasta el final y, en caso de demostrarse las irregularidades, establecer sanciones ejemplares sin importar quién esté detrás.