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Alto contrasteEl Ejecutivo ha puesto urgencia suma al proyecto de ley ingresado en junio del año pasado, el cual elimina barreras de entrada que naves mercantes de bandera extranjera deben superar, para desarrollar operaciones de cabotaje en nuestras costas.
El marco jurídico de esta actividad, que no es otra que el transporte marítimo, fluvial o lacustre de pasajeros o carga entre puntos dentro de Chile, se encuentra fundamentalmente contenido en el DL N° 3.059 de 1979, y prescribe una serie de normas dirigidas a proteger a la marina mercante nacional, de la competencia que puedan provocar navíos de otras latitudes. El artículo tercero de su texto no puede ser más claro sobre este punto: “el cabotaje queda reservado a las naves chilenas”.
Si en 1979 se optó que sólo excepcionalmente las naves extranjeras operaran haciendo traslados dentro de nuestro territorio, estableciendo incluso gravámenes más altos a su operación, esta administración acierta incluyendo una iniciativa de esta naturaleza dentro del paquete de medidas ordenadas a incrementar la competitividad del país.
Concretamente, la impulsión de este proyecto se espera redunde primero en una desconcentración de la industria dedicada al cabotaje, con el impacto asociado en los precios. Asimismo, las ganancias de eficiencia y la optimización logística -por el aprovechamiento de la capacidad ociosa de naves de comercio exterior- crearía mejores condiciones de costos para una economía más productiva. En fin, permitir el cabotaje a naves abanderadas en otros países terminaría incrementando el uso del mar como vía de transporte, ganando en seguridad vial y ahorros en mantención de infraestructura caminera.
Se dirá que una apertura unilateral de nuestras costas al cabotaje extranjero significará depredar a los operadores nacionales, y habrá que estudiarlo con cuidado.
Pero aunque el proyecto sea perfectible, objeciones parecidas se opusieron a la rebaja de aranceles llevada a cabo por nuestro país hace ya varias décadas, y los resultados están a la vista.
