Una pregunta incómoda

Axel Christensen

El inicio de la COP26 coincide con 15 años del estreno del documental "Una Verdad Incómoda", célebre por haber generado conciencia en la opinión pública sobre la amenaza de calentamiento global. Ha trascurrido el tiempo y la amenaza se ha convertido en emergencia. Y a las verdades incómodas se van sumando cada vez más preguntas incómodas. Una de esas preguntas es cómo financiaremos los cambios necesarios que requieren el mundo para alcanzar los objetivos que pueden establecerse en la COP26 y otros foros que busquen soluciones a la crisis climática. La pregunta es particularmente relevante para los países emergentes, que representan cerca de un tercio de las emisiones globales de carbono (excluyendo a China), pero que carecen de capital para enfrentar un desafío de tamaño.

La pregunta se vuelve particularmente incómoda porque no es sólo un asunto que pueden (o deban) resolver los países en desarrollo por su cuenta. El cambio climático es un problema global: sin una transición exitosa a emisiones de carbono cero neto en todas partes, el riesgo climático es inmanejable en cualquier lugar, sea un emergente o desarrollado.

En un documento publicado recientemente por el BlackRock Investment Institute, estimamos que los mercados emergentes necesitarán al menos US $ 1 billón (millón de millones) por año para lograr emisiones netas cero para 2050; eso es más de seis veces la inversión actual.

Dado el interés colectivo en una transición exitosa y una ventana de tiempo cada vez menor para actuar, creemos que una cantidad mucho mayor de dinero público debe dirigirse desde países que pueden permitírselo, a países cuya transición verde es crítica, pero que no cuentan con los fondos suficientes. El desafío es tan grande y urgente que requerirá un titánico esfuerzo colectivo, entre el sector público y privado, y entre países desarrollados y emergentes.

Las instituciones multilaterales mundiales están llamadas a liderar estos esfuerzos de coordinación. Hasta ahora, el éxito que han tenido en movilizar capital privado a gran escala hacia países emergentes con objetivo climático ha sido limitado en su efectividad; apenas han atraído un dólar de capital privado por cada dólar de capital público gastado. La principal barrera para captar flujos privados ha sido el nivel generalmente alto de riesgo de los países emergentes, incluido el riesgo político, legal, reputacional y macroeconómico. Se deben rediseñar las medidas existentes para mitigar estos riesgos, en muchos casos para acelerar reformas institucionales y estructurales que pueden ya estar en marcha, pero que requieren mayor rapidez.

Existe evidencia de que los recursos presupuestarios públicos logran atraer capital privado.

Pueden absorber pérdidas que de otro modo disuadirían a los inversionistas privados, así como para apalancar las finanzas públicas en forma de préstamos, acciones y garantías, para movilizar una vez capital privado. Una contribución de los países desarrollados a través de las instituciones multilaterales, del orden de US $ 100 mil millones anuales, por los próximos 20 años, es un primer paso. Si bien parece un monto astronómico, palidece frente a los US $ 9 billones que los países desarrollados aplicaron para contener la pandemia estos últimos dos años. Lo anterior demuestra que una voluntad colectiva global puede existir para abordar crisis humanas y económicas urgentes; que sí pueden dar respuesta a preguntas incómodas.