Avanza la reforma de la sospecha

Pedro Varela S.

“Si en algo hay que tener siempre sospecha es en materia tributaria”, sentenció esta semana el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo (PS). Aunque la frase puede ser interpretada como una expresión más del sarcasmo que caracteriza al diputado, resume en realidad de manera muy nítida el espíritu de la reforma tributaria promovida por el Gobierno.

Dicha reforma, cuya tramitación avanza de manera rápida, pero silenciosa en la Cámara Baja, se sustenta en cuatro componentes principales: renta, patrimonio, exenciones y evasión y elusión. Esta semana se terminó de votar el último de estos componentes –la llamada “Agenda anti evasión y elusión”–, que es, sin dudas, el pilar fundamental de la reforma. Según estimaciones de Hacienda, más de la mitad de la mayor recaudación esperada provendría de esta fuente, siendo el único componente no afectado tras la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo.

“Si el Gobierno está tan empecinado en aumentar la recaudación fiscal, uno esperaría que comenzara por poner sus esfuerzos en la fiscalización y aplicación efectiva de la normativa vigente, más que en nuevas herramientas como la agenda anti evasión y elusión”.

Con todo, si los cambios más estructurales de la reforma –creación de nuevos impuestos, modificación de tramos y tasas, o eliminación de exenciones– no forman parte de esta agenda, ¿cómo es que la reforma apuesta tantas fichas a ella? Si miramos las modificaciones en esta materia, notamos que el principal cambio dice relación con la Norma General Anti Elusión (NGA); pasando la calificación de abuso o simulación a estar en manos del mismo ente fiscalizador (el SII), y ya no –como ahora– a cargo de una instancia jurisdiccional imparcial (como lo son los TTA).

Más allá de las críticas que uno pueda hacer a este cambio y sus diversas implicancias -sobre todo desde la perspectiva de las garantías de un debido proceso que se ven amenazadas bajo el nuevo esquema, así como de la falta de adecuados pesos y contrapesos-, llama profundamente la atención que se le atribuya a una modificación procedimental semejante aspiración de recaudación fiscal.

Y es que lo anterior no hace más que levantar sospechas sobre las implicancias que puede tener esta reforma para los derechos y garantías de los contribuyentes: ¿en qué pie queda el –legalmente reconocido– principio de buena fe del contribuyente? ¿Por qué la reforma no hace referencia alguna a la recientemente creada (2020) Defensoría del Contribuyente?

Si bien uno puede compartir la importancia de avanzar en una mayor fiscalización de estas conductas, ¿no es acaso voluntarista atribuir a un cambio procedimental semejantes niveles de recaudación? ¿Por qué se pone el énfasis en la elusión y no en la evasión, sobre todo considerando el aumento del mercado informal?

Si el Gobierno está tan empecinado en aumentar la recaudación fiscal, uno esperaría que comenzara por poner sus esfuerzos en la fiscalización y aplicación efectiva de la normativa vigente, más que en dotar de nuevas herramientas a la administración. De lo contrario, si seguimos legislando –como el diputado– bajo la lógica de los contribuyentes como eternos sospechosos, no haremos más que aumentar la incertidumbre en un ya complejo escenario económico.