Asociación público-privada en regiones

Catalina Binder

Hoy enfrentamos un momento clave para la necesaria descentralización del país. El fortalecimiento institucional de las regiones, a través de los nuevos gobernadores, muestra una perspectiva auspiciosa que se debiera consolidar mediante una decidida colaboración entre el gobierno central y el regional, a través de la transferencia de competencias y de recursos, con modernas herramientas de estrategia, planificación y ordenamiento territorial.

Se trata de un desafío sistémico en el que deben converger los objetivos de todos los actores, en un proceso al que debe sumarse abundante transparencia.

“La infraestructura urbana requerirá en 2022- 2031 un financiamiento no cubierto de US$ 83.000 millones. La autoridad debiera buscar estos recursos en modalidades de inversión que han sido exitosas en nuestro país, como la Ley de Concesiones”.

En ese contexto, el proyecto de ley “Regiones Más Fuertes”, que se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, representa un paso significativo en este avance. Este proyecto considera tres ejes: generación de nuevas fuentes de ingresos, a través de los sistemas de administración de la infraestructura regional; la regulación del gasto, a través de un nuevo sistema presupuestario de los gobiernos regionales, entregando la posibilidad de endeudamiento para financiar gastos de capital para proyectos de inversión específico, con una clara identidad regional; y, en tercer lugar, medidas de control y rendición de cuentas a través de fiscalización y la creación de nuevos mecanismos de responsabilidad fiscal y de resguardo de la transparencia.

El proyecto “Regiones más Fuertes” es una oportunidad para tener una ley que incorpore aspectos de modelos de descentralización que han sido exitosos en otros países y que contenga una visión estratégica integral, que vele por la calidad de vida y por el desarrollo de la infraestructura en cada región.

En muchas regiones se necesita una inversión inicial fuerte, para desplegar una estrategia de infraestructura local eficiente y productiva. Como inicio debieran viabilizarse programas indispensables para mejorar la calidad de vida de las personas, como son la infraestructura educacional, de salud y los directamente vinculados con la escasez hídrica, la adaptación al cambio climático (infraestructura resiliente) y el agua potable rural, entre otros.

Por otra parte, el financiamiento público va a seguir siendo limitado mientras que los requerimientos de infraestructura van a seguir creciendo y diversificándose, por regiones y por tipos de obra.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, la infraestructura urbana necesaria para el país requerirá en 2022- 2031 un financiamiento no cubierto, es decir, descontada la inversión pública directa, por US$ 83.000 millones. La autoridad debiera buscar estos recursos en modalidades de inversión que han sido exitosas en nuestro país, como es la Asociación Público- Privada (APP), a través de la Ley de Concesiones, incorporando en los equipos de los Gobiernos Regionales un área de concesiones de manera de reforzar la descentralización de las decisiones de inversión en infraestructura.

Esta modalidad ayudaría a los gobiernos regionales a proporcionar infraestructura de calidad a un costo más asequible, liberando presupuesto para otros tipos de gasto social más directo, al tiempo que permitirían al sector privado aportar su experiencia y su capacidad de gestión en proyectos que mejorarían la vida de los chilenos.