Otra crisis sin resolver: la inmigración masiva
Andrés Sanfuentes Ingeniero comercial Universidad de Chile
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Andrés Sanfuentes
Es habitual que los países que progresan atraviesen por crisis, muchas veces generadas por su propio desarrollo, que produce transformaciones que es necesario superar modificando estrategias e instituciones. En estos casos, si se realizan los cambios en forma oportuna se ingresa a un nuevo nivel de bienestar; de lo contrario, la sociedad entra en un estancamiento, tal como en el último decenio en Chile, en que la productividad general no aumentó y el crecimiento pasó a una fase mediocre perjudicando los niveles de satisfacción de la población.
Se han ido acumulando problemas de diferente naturaleza, de dos tipos: a) aquellos tradicionales, que al no ser enfrentados en forma oportuna se agravaron en el tiempo, tales como la desigualdad y los abusos; la modernización del Estado; la concentración productiva; la acumulación del poder en la capital; la debilidad de las pequeñas empresas; el conflicto de La Araucanía; y la dispersión de la fuerza laboral son algunos ejemplos; y b) los nuevos temas surgidos como resultado del progreso y que tampoco han encontrado respuestas adecuadas, como el cambio climático; la masificación de la educación superior; y la inmigración descontrolada.
Durante el gobierno de la presidenta Bachelet varios de estos escollos fueron tratados en forma confusa o se dilató su enfrentamiento, impidiendo una discusión positiva como ocurriría en el parlamento, como es el caso de los inmigrantes latinoamericanos, que están llegando en forma creciente y en olas sucesivas y desordenadas al territorio, incluyendo el tráfico de personas. A la incorporación original de los peruanos se fueron agregando ecuatorianos, colombianos y dominicanos y, por último, haitianos y venezolanos. Las razones de la salida de su país de origen son variadas y múltiples. Las explicaciones de elegir a Chile para su destino son claras: el alto nivel de bienestar de su población y posibilidades de mejorar su empleo e ingreso; el orden institucional; y en especial, la paz social.
La decisión de emigrar es difícil, no solo por el abandono de sus orígenes sino por la incertidumbre que genera el lugar de destino, por lo cual quienes toman esta definición son personas especiales, con un ánimo claro de progresar y mejorar sus condiciones de vida; hay un proceso de autoselección que hace valioso el aporte que realizarán en Chile, demostrado por los extranjeros que se avecindaron desde fines del siglo XIX hasta ahora, contribuyendo a nuestro progreso. Sin embargo, esta contribución no ha sido suficientemente resaltada entre la población e incluso hay voces xenófobas con audiencia, a pesar de ser minoritarias. Sin un debate nacional que permita claridad es difícil poder implementar una estrategia de largo plazo, indispensable en este momento.
Las políticas gubernamentales han sido confusas. La legislación está obsoleta, en su esencia es de 1975. Dictada en otro contexto, cuando la emigración superaba a la inmigración; la dictadura desconfiaba de los extranjeros y Chile era un país atrasado. Se ha sumado la falta de claridad de los líderes políticos, tanto gubernamentales como opositores para elaborar una estrategia consistente frente a la novedad. El proyecto de ley enviado a última hora fue solo por cumplir, no tiene urgencia.
Las definiciones apremian pues una nueva legislación debería contribuir a resolver la descoordinación entre las entidades que participan en el tema, la debilidad del Departamento de Extranjería superado por la masividad del flujo, la situación de los indocumentados que amenazan con superar a los regularizados y la situación de desmedro en que se encuentran numerosas familias, que no pueden acceder a condiciones dignas en aspectos laborales, de educación, salud y vivienda, que afectan sus derechos humanos, a pesar de los esfuerzos que realizan entidades gubernamentales, algunos municipios e instituciones privadas. En el desorden actual incluso se observa el ingreso de personas con malos antecedentes que deterioran las relaciones e imagen de sus comunidades.
El tema es prioritario, además puede generar conflictos sociales insospechados.