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Alto contrasteAcuerdos compensatorios: ¿Legitimización de la no transparencia?
Hace unos días, la Fiscalía Santiago Norte llegó a un acuerdo para la suspensión condicional del procedimiento en una causa...
Hace unos días, la Fiscalía Santiago Norte llegó a un acuerdo para la suspensión condicional del procedimiento en una causa que involucra a una de las principales cadenas de supermercados del país y al alcalde de una importante comuna Metropolitana, en virtud del cual terminó el proceso sobre un presunto cohecho para facilitar la instalación de un supermercado en dicha comuna. Sin embargo, esta decisión está muy lejos de compensar el daño social que dicho acto genera y el mensaje que entrega. Nos vemos enfrentados a una especie de “cinismo jurídico” en donde no hay delito, ni culpables reconocidos, pero sí unos loables señores cuestionados, que pagan sumas cuantiosas para evitar el proceso por un delito que no reconocen haber cometido. Lo que efectivamente ocurrió permanecerá en la penumbra.
El Estado se ha dado por satisfecho con los generosos pagos. Algo similar ocurrió con otras personas en un caso de uso de información privilegiada hace algunos meses.
Salidas alternativas como éstas tienen indudables ventajas. Permiten descargar la justicia y las víctimas reciben algo de sus victimarios. La pregunta es si, en casos como el que comentamos, tales salidas satisfacen razonablemente la justicia y la transparencia que la sociedad necesita.
El alcalde cuestionado permanece en funciones. No sabemos si la comisión ética del partido al que pertenece investigó el hecho o pondrá alguna dificultad para que el edil sea repostulado. El partido debe tener su opinión propia sobre el hecho y actuar en mérito de ella. La ciudadanía tiene derecho a saber si esta colectividad se siente cómoda con un alcalde de sus filas que accede a una solución de esta naturaleza dejando un manto de duda sobre el hecho del cual se le acusó.
Por la otra parte, un directivo de la empresa que instaló el supermercado fue cuestionado y concurrió a pagar. La empresa deberá evaluar si esta situación es consistente con la imagen que quiere entregar al país. Si se hizo una evaluación interna respecto del actuar del directivo en cuestión y si llegar a una solución de esta naturaleza está alineado con el código de ética que la compañía impone a sus trabajadores y que podrá utilizarse como ejemplo de sus buenas prácticas en el futuro. Deberá evaluarse si han funcionado las instancias institucionales de todo buen gobierno corporativo.
En tal sentido, debiera conocerse si hay actas formales en la cual quienes conforman el directorio de la empresa se hacen conocedores de esta situación y aprobaron responsablemente el acuerdo con la Fiscalía, conscientes de los efectos que podía generar para la sociedad, la reputación de la empresa y el valor a sus accionistas que ellos representan.
El derecho chileno castiga el cohecho, que atenta contra el patrimonio fiscal y la probidad. Además, en ciertas condiciones, la Ley establece que, por este mismo delito, la empresa podría ser condenada incluso a penas que significarían el término de su presencia en el mercado.
Si en los casos de cohecho se persiguen las responsabilidades y se imponen las sanciones establecidas en la Ley, el Estado entrega un mensaje en el sentido de que tal conducta no es tolerada y que las personas que incurran en ella serán sancionadas.
La sociedad confía de ese modo en que las autoridades, los funcionarios públicos y los particulares que interactúan con ellos, están sujetos a un estándar de conducta aceptable.
Si las promesas de la Ley en esta materia, en cambio, quedan sepultadas, entonces el mensaje es que podemos cometer ilícitos, a condición de contar con los recursos necesarios para evitar que nos castiguen si llegan a descubrirnos. No parece un buen mensaje.
Quienes participaron en esta situación y las autoridades públicas que dieron su aprobación a ella le deben una explicación al país.
