¿Olvido financiero?
Señor Director:
El ofrecimiento del ministro Grau a las PYME en relación a la moción parlamentaria “Olvido Financiero”, de que diera cuenta este medio en su edición del día 4 de mayo, no deja de sorprenderme.
No me resulta comprensible que un economista, académico y ministro de Estado propugne o avale un proyecto de ley que carece de sensatez económica y jurídica, aun cuando pueda resultar popular. Es fundamental aclarar que el derecho al olvido no busca premiar a quienes incumplen sus obligaciones financieras, sino proteger el derecho a la protección de datos personales, la vida privada y el honor.
El proyecto de ley planteado busca eliminar la información de los deudores incluso de los sistemas de quienes prestan el dinero, lo que impactará en la capacidad de recuperación de préstamos y la prevención de futuros incumplimientos. Acceder a la información financiera de los deudores es crucial para la gestión del riesgo crediticio y la toma de decisiones al momento de prestar, por lo que eliminarla por completo podría tener consecuencias negativas para la sociedad en general.
Nos lleva al absurdo de impedir que dicha información sea utilizada por ejemplo para recibir el pago que espontánea y libremente quiera efectuar un deudor, aun cuando no medie acción de cobro alguno, o bien para que el acreedor no tenga que volver a prestarle a quien ha mantenido incumplidas sus obligaciones.
En lugar de pretender que los acreedores sufran de amnesia parece más sensato insistir y avanzar en fortalecer y supervigilar la forma en que se trata la información, buscando un equilibrio entre los derechos de los titulares de datos, las necesidades de quienes tratan la información y el desarrollo de la sociedad. Esto se logra con el perfeccionamiento de la ley sobre protección de datos personales que está terminando su tramitación en el Congreso y con el proyecto de ley sobre consolidación de información económica.
Raúl Arrieta
Abogado