Inclusión laboral bajo la lupa
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Señor Director:
La nueva Ley 21.690 y los recientes esfuerzos del Ejecutivo en materia de inclusión laboral no solo buscan incrementar las oportunidades para personas con discapacidad, sino también redefinir la manera en que se fiscaliza y sanciona el incumplimiento de esta normativa. Este cambio responde a una lógica contundente: debe ser más costoso ignorar la ley que cumplirla.
En los últimos cinco años, las fiscalizaciones se dispararon en más de un 3.500%, una señal de que el sistema ya no se conforma con intenciones declarativas. Sumado a esto, el cambio en el régimen de multas a partir de 2025 introduce un enfoque proporcional y recurrente, castigando no solo la magnitud del incumplimiento, sino también su duración. Así, las empresas que descuidan esta obligación enfrentarán sanciones ajustadas a la realidad de su omisión. Este esfuerzo plantea una pregunta crucial: ¿es la amenaza de sanciones más efectivas que el incentivo positivo para promover la inclusión? Si bien la fiscalización y las multas son herramientas necesarias, ¿qué lugar ocupa la construcción de una cultura empresarial verdaderamente inclusiva, más allá de cumplir con la cuota mínima?
La reflexión invita a pensar que una inclusión laboral auténtica no se trata solo de evitar sanciones, sino de reconocer el valor que las personas con discapacidad aportan al desarrollo económico y social. ¿Estamos preparados para que la inclusión sea una elección ética y no una obligación legal?
Cristina León
Directora ejecutiva Centro para el Desarrollo de Iniciativas Sociales, ESE Business School
