Evasión: que no paguen justos por pecadores
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Señor Director:
A raíz de la disputa entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Defensoría del Contribuyente por el bloqueo de acceso a trámites tributarios de 30.000 empresas, y más allá de la discusión sobre la legalidad de dicha medida, resulta relevante destacar las señales que la nueva administración del SII pretende dar con dichas acciones a todos los contribuyentes en general.
Es evidente que tendremos un organismo mucho más activo en la persecución de la elusión y evasión tributaria, más aún considerando las nuevas facultades de fiscalización que le otorga la Ley de Cumplimiento Tributario y los cambios introducidos por la Ley de Delitos Económicos en determinación de penas y responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos tributarios. Es de esperar que este mayor enfoque fiscalizador no signifique un retroceso de los avances logrados durante los últimos 15 años, bajo distintos gobiernos y administraciones del SII, en derechos de los contribuyentes y solución de controversias por vías legales alternativas a la sentencia judicial.
En ese sentido, el uso de todas las facultades fiscalizadoras del SII en contra de los evasores de impuestos debería implementarse conjuntamente con acciones concretas que garanticen a los contribuyentes que sí cumplen el respeto de la presunción de buena fe y de los principios de justicia y equidad en la resolución de las legítimas diferencias sobre interpretación y aplicación de la ley tributaria que pueden surgir en el desarrollo de sus negocios.
Pablo Quezada
Socio de Tax Controversy en Deloitte
