Señor Director:
Concuerdo con Paul Fontaine sobre la responsabilidad de las AFP frente a sus afiliados en el caso La Polar. La Superintendencia de Pensiones debe tomar las medidas que permita la ley para proteger los intereses de los afiliados al sistema. Es la institución que debe requerir de los propios dueños de las AFP asumir la responsabilidad económica de las pérdidas de afiliados y pensionados.
Las AFP son administradores de fondos de pensiones con participación en el directorio, por lo tanto, el espíritu de la ley es que nos representen frente a las empresas en que han invertido nuestros recursos. En un sentido legal, cuando alguien administra recursos de un tercero, remuneradamente y por mandato de la ley, y ocurren casos como La Polar, los administradores de los fondos podrían tener que responder de “culpa levísima” (muy exigente). Recordemos que no sólo hay pérdidas por la baja en el precio de la acción, sino también en el valor de los bonos de La Polar.
Recibí de mi AFP una carta del gerente general, informando que están haciendo lo posible para que los responsables de esta situación reciban las consecuencias que corresponden, pero mi AFP no se hace cargo de su responsabilidad, lo que no corresponde en un sistema donde los chilenos aportan en forma obligatoria y no voluntaria. Mi esperanza es que las AFP no sólo asignen bien los recursos, sino que sean responsables en estas situaciones. De lo contrario, seguirán propuestas como crear una AFP Estatal, argumentando que las AFP privadas fallaron. A quienes hacemos APV recomiendo no hacerlo en una AFP mientras no se asuman las responsabilidades, sino en una institución con regulaciones y monitoreo más estrictos, como compañías de seguros.
Carlos Maquieira
Decano Facultad de Administración Universidad Santo Tomás
Señor Director:
Por la relevancia histórica y política del cargo, y dado quien lo asume, sospecho que el nombramiento del nuevo titular en Obras Públicas da inicio a la carrera presidencial.
Juan Luis Hernández Viera
Señor Director:
Hemos visto un cambio de ministro de Planificación, y es probable que pronto se produzca un cambio profundo en la institucionalidad a cargo de la pobreza. Sin embargo, también urge modificar la actual metodología con que ella se mide, tan criticada por utilizar parámetros de consumo de los hogares del siglo pasado (1987), pese a que se dispone de datos más recientes. No sólo la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, sino el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, han propuesto actualizar la metodología de medición, pero vemos que sucesivas administraciones han optado por no hacer grandes cambios. Los datos de pobreza estimados por el actual gobierno, a partir de la encuesta Casen 2009, tampoco actualizaron la metodología, aunque incluso a esa fecha ya estaba publicada una investigación del ministro Larraín, determinando que en 2006 la pobreza era más del doble de lo que decían las cifras oficiales (29% v/s 13,7%).
Lo anterior da pie para pensar que la no actualización de la metodología se explica por el costo político que generaría para el gobierno de turno, el aumento significativo en los niveles de pobreza que tal actualización acarrearía. Un enfoque moderno y propio de un país desarrollado recomendaría actualizar la metodología de ingresos y complementarla con mediciones alternativas, que entreguen una mirada más completa de un fenómeno dinámico y multidimensional.
Germán Puentes
Académico Universidad Andrés Bello