Señor Director:
Las afirmaciones que realiza Claudio Agostini en su columna de TV digital merecen algunos comentarios. Por una parte, aduce la necesidad de licitar el espectro para lograr una mayor eficiencia en su asignación, afirmando que mantener el carácter de duración indefinida que hoy tienen algunas concesiones le haría daño a la competencia. Es difícil pensar que algo pueda hacer más daño a la eficiencia económica que desconocer los derechos vigentes, más aún cuando la nueva tecnología permite garantizarlos introduciendo al mismo tiempo un mayor grado de competencia, en virtud del aumento del número de actores y señales que podrán operar en ella. Por otra parte, el columnista señala que no sería razonable que la TV abierta le cobre a la TV de pago por llevar su señal, argumentando que el precio es cero y que además habría un beneficio mutuo derivado de dicha retransmisión. Entonces, ¿cuál es el problema de introducir la transmisión consentida? Ello permitiría sincerar esa valoración recíproca, lo que se traduciría precisamente en algún precio que tendría que pagar uno al otro (a menos que se compensen), problemática que ha sido también recogida en otros países. Ahora bien, la TV de pago efectivamente mejora su oferta programática incluyendo en su parrilla las señales abiertas. Distinto es el caso de la TV abierta cuyo beneficio es más incierto, puesto que la mayor audiencia que le genera la retransmisión por TV de pago puede contribuir o no a aumentar el rating con el cual negocia sus auspicios. Asimismo, la TV abierta debe asumir los costos de otorgar la cobertura que la ley le impone, sin depender para ello de la TV de pago. Los beneficios que generará la introducción de TV digital ameritan una discusión profunda, pero es fundamental dejar de lado ideas preconcebidas que rechazan todo argumento de quienes legítimamente defienden sus derechos. Respetar las condiciones adquiridas bajo el amparo de una ley no perjudica necesariamente a la libre competencia.
Susana Jiménez y Silvia Baeza
Libertad y Desarrollo
Educación superior
Señor Director:
Consideramos de gran relevancia la propuesta del economista de la Usach, Francisco Castañeda, en referencia a que el Crédito con Aval del Estado (CAE) sea subsidiado para mejorar las condiciones a las que acceden los alumnos (tasas de interés).
En la actualidad este mecanismo representa una gran oportunidad para quienes lo utilizan. Este año un total de 200 mil jóvenes de CFT, IP y universidades quedaron pre-seleccionados para hacer uso de él y según cálculos de la Comisión Ingresa cerca de la mitad financiará con él sus carreras.
El desarrollo que ha experimentado el CAE es muy positivo, pero aún tiene desafíos pendientes: perfeccionar sus mecanismos de gestión para garantizar el éxito en el pago por parte de los egresados y enfocarse en los alumnos más pobres.
Además, sus condiciones crediticias están aún lejos de ser comparables con las del Crédito Solidario, reservado sólo para quienes se matriculan en universidades del Consejo de Rectores y que entrega beneficios muy superiores a un grupo de alumnos que no en todos los casos tiene más necesidades económicas.
La diferencia entre las tasas de ambos préstamos, estimadas en 2% en el caso del Crédito Solidario y en 6% en el del CAE, es un ejemplo concreto de un contraste discriminatorio.
Una de las claves para que nuestro país alcance el desarrollo es contar con un modelo de educación superior basado en la igualdad de oportunidades.
Gonzalo Tomarelli
Pro-Rector Instituto Profesional y CFT Duoc UC
Señor Director:
El gobierno no debe permitir que el alza del pan, de aproximadamente 35%, se concrete, porque de lo contrario sería un desastre para las familias de clase media hacia abajo. No es posible que el gobierno deje abandonados ahora a los más pobres. Así como se han entregado miles de millones de dólares al Transantiago, ¿por qué no puede también idearse un mecanismo de apoyo a la industria del pan, tal como se hizo para las alzas del combustible?
Segundo Cortés