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Alto contrastePensiones I
Señor Director:
Si una cosa ha dejado en claro una vez más el debate sobre las pensiones, en particular con la opinión reciente de la periodista Catalina Edwards, es el grado funesto de intolerancia y violencia verbal con que las rabiosas voces del “progresismo” tratan a quien piensa distinto a ellos.
Lo que dice la periodista sobre el Estado de Bienestar en los países europeos es, en primer lugar, totalmente cierto: son insostenibles y habrían quebrado de no ser por los continuos salvatajes, que significan que los contribuyentes pobres y medianos de países ricos refinancien a las burocracias ricas de los estados pobres del viejo continente.
No podemos tomar por modelo su sistema prusiano y obsoleto de “seguridad” “social”, mucho menos siendo un país que no es rico y que repite la tendencia de envejecimiento demográfico producido por el alza en la expectativa de vida y por la reducción de la tasa de natalidad.
Para que el Derecho sea una herramienta social efectiva, debe tener ante todo un claro sentido de realidad económica, reconociendo las medidas de utilidad general, como lo es la capitalización privada del trabajador, y desoyendo el clamor de las sensibilidades más irritables.
Joaquín Rodríguez Droguett
Consejero de Derecho Económico de la Universidad de Chile
Pensiones II
Señor Director:
La poca vergüenza que tiene el gobierno cuando habla de AFP estatal y mejores jubilaciones es algo insólito. Partamos porque los honorables del parlamento tendrían que aprobar una ley que sería para los demás y no para ellos ya que se imponen en un fondo de jubilación del Congreso y así con unos pocos años milagrosamente jubilan con el promedio de sueldo ganado, tienen beneficios muy superiores al mercado en temas de salud ya que tienen seguros especiales (pagados por todos los chilenos) y por si fuera poco si la plata no alcanza ellos mismos se suben el sueldo. Así de fácil.
Maria Paz Achurra M.
Mujeres por Chile
Un diálogo necesario
Señor Director:
Por más que el gobierno nos ha insistido en decir que el Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior tuvo más de dos años de preparación, en la práctica pareciera ser que eso jamás sucedió. Una de las muchas preguntas que podríamos formular es ¿qué pasó para que llegáramos a esta situación de rechazo generalizado a este Proyecto de Ley en particular? Dentro de las respuestas plausibles, hay dos que son especialmente reiterativas. La primera es la ausencia de una hoja de ruta legitimada para el desarrollo de la educación superior de nuestro país y la segunda es que la carga ideológica en el discurso gubernamental acabó con el diálogo.
En cuanto a la primera respuesta, no es menor resaltar el rol protagónico de las instituciones privadas que han coadyuvado al perfeccionamiento de nuestro sistema de educación superior y, en esa línea, han dado respuesta a las exigencias del siglo XXI y estimulado la movilidad social. El botón de muestra es que en la actualidad la matrícula de educación superior de pregrado es de más un millón de estudiantes y, de ese universo, un 85% estudia en instituciones privadas.
La segunda respuesta amerita mirar ampliamente el contexto. Si bien hemos dicho que nuestro sistema de educación superior ha sido perfeccionado, dista de ser perfecto. Aquí está el punto medular. Como consecuencia de la falta de diálogo, hoy nos encontramos con el absurdo que presenta el gobierno de construir un nuevo sistema de educación superior y que, dentro de los argumentos, están el desmantelamiento del sistema que conocemos y, entre medio, denostando a las instituciones privadas que no son de su gusto.
En suma, el gobierno ha perdido la gran oportunidad de convocar al diálogo con el objetivo estratégico de buscar los mecanismos para cerrar la brecha en nuestro sistema de educación superior (cómo estamos y qué queremos). El Congreso debería ser el convocante para tan ansiado diálogo.
Nabor Carrillo Estefa
Economista Unidad de Estudios Santo Tomás
