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Alto contrasteAdministración financiera de reforma educacional
Señor Director:
Los recursos que se destinarán a la educación pública aumentarán en los próximos años. El Gobierno ha anunciado un fondo de $ 250 mil millones que se distribuirá de forma que efectivamente reciban más quienes más necesitan.
Un análisis objetivo de estos repartos da cuenta que normalmente solucionan en parte los problemas para los cuales se crearon, ya que tienden a ser utilizados por los Municipios en otro tipo de asuntos.
Algunos ejemplos. La ley SEP, que entrega recursos para nivelar las condiciones que enfrentan los alumnos más vulnerables, ha sido abusada sistemáticamente. La primera vez que se descubrió que los alcaldes usaban los recursos en gastos no permitidos, se dictó una ley que lo aceptaba, siendo la alternativa acusar a decenas de autoridades comunales por malversación de fondos públicos. Otro ejemplo son los Fagem, fondo que reparte recursos para mejoras de gestión en educación. Aquí se permite el pago desde retiros anticipados hasta mejoras de las instalaciones. El año 2014 se entregaron $ 139 mil millones, con un mensaje claro: pagar deudas, principalmente las previsionales. Aunque la deuda era 1/3 de lo que se repartió, el problema no fue solucionado en su totalidad, debido a que la fórmula de reparto dejó a quienes más necesitaban sin la totalidad de los recursos. Otros simplemente usaron el dinero para el pago de los sueldos de profesores o cotizaciones previsionales del mes, entrando nuevamente el dinero a la parte operacional del sistema. Un dato relevante es que estando estos recursos contemplados en el presupuesto 2014, se comenzaron a entregar en septiembre, lo que implicó pérdidas millonarias por los intereses y reajustes con los que deben ingresarse las deudas a las AFP o Isapres.
En este asunto de la previsión de funcionarios de educación, existen deudas desde hace años, que triplican o cuadruplican la deuda original, con lo cual el dinero no va a educación propiamente tal y una parte incluso va a oficinas de cobranza prejudicial. Ningún sostenedor pierde la pega, porque el sistema político protege a los alcaldes a pesar de la ley. Habría decenas de alcaldes destituidos por abandono de deberes y con juicios civiles por recursos ocupados en forma ilegal.
Por último está la matemática simple. Muchos Municipios destinan 10% o más de su presupuesto a pagar los déficits en educación. Más aportes del ministerio, implican menos traspasos, con lo cual no aumenta el dinero en educación, sino en las arcas municipales, que en muchos casos terminan en simple populismo, más canastas, más shows de pirotecnia y otras acciones muy visibles, sobre todo ahora que se acercan las elecciones.
La administración financiera de la reforma educacional debe ser algo prioritario si es que queremos comenzar a ver resultados pronto.
Jorge Condeza Neuber
Ingeniero comercial
Concepción
