Señor Director:
En carta publicada ayer en este espacio, el abogado Gabriel Zaliasnik entrega una serie de opiniones respecto a las declaraciones de la Cámara de Innovación Farmacéutica y el proyecto de Linkage actualmente en tramitación en el Congreso que resultan del todo erradas y ajenas a la intención de la CIF.
En primer lugar, señala que -no importa cuántos proyectos de ley en materia de propiedad intelectual Chile apruebe- siempre serán considerados por CIF como insuficientes. Recordamos al señor Zaliasnik que fue el propio gobierno el que envió esta iniciativa al parlamento reconociendo que había aspectos no resueltos en materia de Linkage en relación al TLC firmado con USA. Creemos que el proyecto que recién inicia su discusión- no cumple con ser equitativo y practicable, por lo que esperamos que el Congreso pueda ser el lugar donde se discutan y planteen en forma abierta y transparente los argumentos que enriquezcan el proyecto de ley.
Luego, el abogado acusa a la industria farmacéutica de innovación de erigir barreras regulatorias para evitar o retardar la competencia. La afirmación no corresponde a la verdad. El proyecto de Linkage no establece nuevos derechos, no alarga el plazo de las patentes y no cambia los requisitos actuales para patentar. Sólo establece procedimientos judiciales para evitar que se produzca una infracción de patente de principio activo. Un sistema de Linkage obstaculiza sólo y únicamente la competencia desleal por parte de un producto infractor de una patente debidamente concedida.
Lejos de perjudicar a los “chilenos sin voz”, la industria farmacéutica de innovación lucha por un mayor acceso de los chilenos a medicamentos de calidad, reinvirtiendo más del 20% de sus ingresos globales en desarrollar nuevas moléculas e innovadores tratamientos, que salvan vidas o mejoran la calidad de vida de la población chilena.
Richard Nevares
Presidente Cámara de la Innovación Farmacéutica CIF
Señor Director:
La decisión del Poder Ejecutivo de indultar a casi siete mil personas que están en libertad, posee más argumentos a favor que en contra. En un mundo donde la eficiencia cada vez más se superpone a la garantía, a tal punto que mediante dicha idea tenemos en Chile casi 60 mil personas privadas de libertad sin necesidad de tenerlas, el indulto es una buena señal para otros poderes del Estado.
Es así como para el Poder Judicial, el cual aplica la ley penal con mayor dureza día a día, es una oportunidad de reflexión para buscar en sus atribuciones medidas orientadas a descongestionar el sistema carcelario. Para el Legislativo constituye un llamado de atención en cuanto a que no se debe legislar únicamente pensando en las próximas elecciones ni por el clamor popular, ya que pese a que las penas son cada vez más severas no se advierte ningún efecto disuasivo.
De paso, el indulto aparece como un mecanismo parcialmente eficiente para el combate del hacinamiento carcelario. Si pensamos que 58 mil personas están privadas de libertad, de las cuales casi 30 mil cumplen pena efectiva, este número vendría a descongestionar en 25% los centros penitenciarios. Pero, dicha solución es sólo parcial. Basta considerar que el otro gran número de reos, por concepto de prisión preventiva sumados a los que siguen cumpliendo condena, continuarán estando con extremas condiciones de hacinamiento. Para este último problema, no es el Ejecutivo el llamado a dar solución a este tema, sino que el Poder Judicial y el Ministerio Público, no dando abuso a la medida cautelar personal de la prisión preventiva.
Juan José Rondón
Investigador Centro Estudios Penales y Penitenciarios Facultad de Derecho U. Mayor