Impuestos verdes, es tiempo de actuar

Jorge Canals

Son tiempos de anuncios ambiciosos en torno al cambio climático en Chile. Existe un “horizonte común de ambición” entre el gobierno y las generadoras para el retiro de todas las termoeléctricas a carbón al 2040, y el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, que fue sometido a consulta y que aún no ingresa al Congreso, compromete la meta de neutralidad para Chile al 2050.

La proximidad de la COP 25 propiciará que esta ambición aumente, ¿pero cómo pasar de la voluntad a la acción concreta?

Un instrumento central para garantizar el cumplimiento de estos anuncios es el Impuesto Verde, establecido en la reforma tributaria de 2014. Implementado a partir de 2017, nos convirtió en el primer país de Sudamérica en establecer un impuesto al CO2 (principal gas de efecto invernadero, GEI), el primero en el mundo con un impuesto a la venta de vehículos nuevos basado en sus emisiones, y el segundo en el mundo en establecerlo para la contaminación local. De igual forma, innovó al considerar en el cálculo de su pago a las comunidades directamente afectadas por la contaminación.

La “modernización tributaria” que propone el actual gobierno contiene algunas modificaciones a este tributo; cambia el hecho gravado por la superación de un umbral de emisiones, y establece la posibilidad de compensar las emisiones de C02 mediante proyectos que las reduzcan en el país.

¿Estas modificaciones reflejan la ambición de las metas señaladas? La respuesta es no.

En primer lugar, por cuanto eluden el consenso que existe en torno a aumentar el precio del impuesto al C02, pasando desde los cinco dólares por tonelada de hoy, a US$ 30 o 40. Este aumento permite, además de reducir las emisiones, incrementar la recaudación sobre los US$ 1.000 millones al año, acelerando por lo menos en una década el cierre de las termoeléctricas a carbón.

En segundo lugar, por cuanto el cambio propuesto, al gravar las industrias que emitan 100 o más toneladas de material particulado por año, supone menos recaudación, y que empresas como las papeleras y de pulpa de celulosa queden exentas.

En tercer lugar, porque al no contemplar un aumento del impuesto a los vehículos (ni rectificar las exenciones), que permita efectivamente disuadir la compra de autos a diésel (dado el aumento sostenido del parque vehicular por sobre el PIB, y la rebaja del impuesto específico a este tipo de automóviles), pone en riesgo la meta del 2050, dadas las emisiones del transporte.

En cuarto lugar, porque no corrigen la distorsión que afecta a las generadoras de energía limpia, que terminan compensando en parte los costos de la producción de energía contaminante, en virtud del mecanismo establecido por el impuesto.

Al aumentar el impuesto verde, tanto al C02 como a los vehículos, junto con la compensación podría aplicarse la mayor recaudación a financiar la justicia ambiental en regiones, recuperando las zonas de sacrificio (donde se ubican parte importante de las fuentes afectas); financiando el recambio de calefacción sucia en las ciudades saturadas, y la reconversión del transporte público a la electricidad, reforzando así las metas que el país se ha propuesto.

Si esta ha de ser la COP de la ambición, los instrumentos de política interna deben alinearse a esa declaración y a las metas que enmarcan nuestra acción climática.