¿Quién es Manfred Zink? el abogado de la FNE que lideró la investigación por interlocking contra Büchi, Banco de Chile, Consorcio y Falabella

El 2021 para la industria financiera terminó con un fuerte remezón, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolviera ingresar un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando de interlocking horizontal a Hernán Büchi, Banco de Chile, Consorcio Financiero y Falabella.

La acción judicial de la FNE se basó en una investigación que llevó a cabo uno de sus equipos más recientes: la División de Fiscalización de Cumplimiento. Esta nueva "rama" del organismo persecutor tiene sus orígenes en abril de 2019, cuando se creó la Unidad de Fiscalización que entonces dependía de la División Antimonopolios, pero que a partir de julio del año recién pasado pasó a tener el carácter que mantiene en la actualidad.

En concreto, la división está encargada de vigilar el cumplimiento de las decisiones del TDLC y de la Corte Suprema en casos de libre competencia, además de las medidas de mitigación establecidas por la FNE, en caso de que haya aprobado operaciones que así lo requieran.

Del mismo modo, también debe investigar infracciones relacionadas al sistema de control de operaciones de concentración, tal como el conocido gun jumping, que es no notificar de operaciones de concentración a las autoridades, así como también la vulneración de la prohibición de interlocking, que es el caso que se destapó la semana pasada.

El equipo de Zink

Justamente quien está detrás de la creación de la Unidad de Fiscalización es el abogado Manfred Zink, que cuenta con una desarrollada carrera en el ámbito de la libre competencia.

Egresado de la Universidad Católica y con un magíster en Derecho en la Universidad de California, Estados Unidos, entre enero de 2018 y marzo de 2019 ocupó el cargo de subjefe de la División Litigios de la FNE. Tras ello, en julio de 2021, pasó a ser el jefe de la nueva División de Fiscalización de Cumplimiento.

Anteriormente, en su primer período en la Fiscalía, entre agosto de 2011 y agosto de 2013 fue abogado de la División Investigaciones, mientras entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014 fue el coordinador jurídico de la División Abusos Unilaterales y de la Unidad de Infraestructura, Redes y otros.

También es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, donde imparte los cursos de Regulación Económica.

El resto del equipo de la División de Fiscalización está compuesto por los abogados, Amanda Garrido, Pía Rojo, Sebastián Muñoz y el economista Gonzalo Araya.

Los casos

Además del requerimiento por interlocking horizontal que golpeó a Büchi, Banco de Chile, Consorcio y Falabella, la División de Fiscalización ha participado de la investigación en otros relevantes casos.

En septiembre de 2020, estuvo detrás del requerimiento que presentó la FNE en contra de The Walt Disney Company y su filial TWDC Enterprises 18 Corp, acusando a la firma de entregar información falsa en el procedimiento de análisis de la operación de concentración por medio de la cual adquirió la propiedad de Twenty-First Century Fox y por incumplir medidas adoptadas durante la aprobación de ese proceso.

Por las faltas, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sanciones por un total de US$ 4,1 millones. En junio de 2021, tras lograrse un acuerdo entre el organismo persecutor y la empresa, y que fue aprobado por el TDLC, se estableció el pago de $ 174 millones a beneficio fiscal por no cumplir con las medidas de mitigación impuestas.

Previo a este caso, en enero de 2020, la División encabezada por Zink realizó la investigación de dos requerimientos que ingresó la FNE en contra de Banmédica y Inversiones Los Orientales, por no informar al organismo persecutor que tenían una participación superior al 10% en la propiedad de firmas competidoras, pese a haber estado obligadas por ley a informarlo.

En el caso de Banmédica, la sanción requerida al TDLC fue de $ 578 millones, mientras que para Los Orientales la multa fue de casi $ 200 millones. Tras alcanzar un acuerdo, ambas compañías pagaron un total de $ 300 millones a beneficio fiscal.