Regulador prepara el terreno para la PGU: oficia a las AFP para el pago y les exige comunicación clara a quienes no accedan

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es probable que sea el último gran proyecto legislativo que tramitará el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Pese a que entre La Moneda y la oposición hay desencuentros en torno a su financiamiento, lo cierto es que la iniciativa tendría el camino pavimentado para ser aprobada en el Congreso.

Así también lo creen en la Superintendencia de Pensiones, organismo regulador que está preparando el terreno para que las instituciones pagadoras de pensiones tengan claridad de la operación, la que podría comenzar en febrero.

Atendiendo el avance del proyecto en el Congreso, el regulador previsional envió el martes a las AFP y compañías de seguros un oficio con el borrador de las instrucciones sobre el proceso, con la idea de recibir comentarios por parte de estas instituciones hasta el viernes 7 de diciembre a la medianoche.

“Se adjunta para sus observaciones y comentarios, un documento que contiene las instrucciones que esta Superintendencia considera pertinente establecer para implementar adecuadamente el nuevo beneficio de Pensión Garantizada Universal y los demás cambios que introduce el proyecto de ley al D.L. N° 3.500, de 1980”, dice el documento elaborado por el organismo que encabeza Osvaldo Macías.

“Considerando la inminente aprobación del proyecto de ley durante el presente mes de enero y el hecho que su vigencia en tal caso sería a contar del 1° de febrero del presente año, se solicita el envío de sus observaciones y comentarios a más tardar este viernes 7 de enero”, acota.

La operación de pago

Entre las instrucciones que planteó Macías, se encuentran las relacionadas con la operación de pago que deberán realizar las entidades que actualmente desembolsan el Aporte Previsional Solidario (APS) a los pensionados, entre ellas, las AFP y las compañías de seguros de vida.

Lo anterior, porque durante los tres primeros meses desde que entre en vigencia la futura ley, estas instituciones serán las encargadas de cancelar el beneficio. Posteriormente, será el Instituto de Previsión Social (IPS) el responsable de esa operación, de forma permanente.

Para llevar adelante la operación, la Superintendencia detalló que, en los tres primeros meses el IPS deberá depositar los recursos correspondientes a la PGU en las cuentas corrientes bancarias de las entidades pagaderas de pensión, a más tardar el día 15 de cada mes o la jornada hábil siguiente.

Además, el borrador del instructivo indica que el organismo estatal deberá remitir a las AFP y compañías de seguros, la información que individualice a los beneficiarios asociados a esos recursos, según se define en las especificaciones técnicas que están en la sección denominada “Transferencia Electrónica de Archivos”, que se encuentra en el sitio web del regulador previsional.

En tanto, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes en que las AFP o compañías de seguros reciban la transferencia de los recursos por parte del IPS, éstas deberán realizar un proceso de conciliación de los fondos transferidos y la suma de dinero a disposición de los beneficiarios.

Ello, con el objetivo de analizar si el monto de los respectivos pagos fue el correcto.

La preocupación de Macías

Además del oficio, fuentes afirman que representantes de las AFP han sostenido reuniones sobre la implementación de la PGU.

Una de las preocupaciones del regulador, apuntan, es la correcta determinación de quienes quedarán fuera del beneficio, situación que estará en las manos del Instituto de Previsión Social, quien además deberá fundamentar su decisión a la persona que realizó la solicitud.

Por otro lado, para el Superintendente el proceso debe ser llevado con pulcritud y rapidez. Ello, a pesar de que el regulador, dicen las fuentes, está consciente de que el período de preparación para implementar la PGU ha sido escaso, considerando que el trabajo se ha realizado pensando en que durante el próximo mes comenzaría la operación de este eventual nuevo beneficio, tal como también lo han apuntado desde el gobierno e incluso desde la oposición.