Walmart acusa al Estado de Chile de incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública

“Desafortunadamente, el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior (…) afectando las garantías constitucionales del derecho de propiedad y el derecho de ejercer libremente una actividad económica, garantías consagradas por nuestra Constitución Política de la República”.

De esta manera, la gigante estadounidense Walmart justificó los seis recursos de protección en contra del Estado de Chile que presentó el pasado 13 de noviembre, luego de que varios de sus supermercados fueran saqueados y otros quemados.

La empresa es la principal cadena de supermercados del mundo y de Chile; en el país opera 384 locales de los formatos Lider, Express, Acuenta y Central Mayorista. Actualmente, 279 están abiertos a público, mientras 105 se mantienen cerrados por diversos daños o por no contar con seguridad.

“Es un hecho público y notorio que el país se encuentra sumido en una crisis social y política de proporciones. Como también es de público conocimiento, diversos locales de mis representadas han recibido graves ataques por parte de masas de individuos que los han saqueado y/o incendiado, produciendo graves daños a su infraestructura y destruyendo y/o robando los productos exhibidos en sus salas de venta, así como los almacenados en sus bodegas”, dicen los escritos presentados por el representante de Walmart Chile, el abogado Christian Fox Igualt, del estudio Tomasello & Weitz.

Hasta ahora, la empresa ha presentado acciones judiciales en las cortes de Apelaciones de Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia. Los tres últimos ya fueron declarados admisibles e, incluso, en uno de los casos ya se ofició al Consejo de Defensa del Estado para que emita un informe acompañando todos los antecedentes que al respecto obren en su poder.

Consultada la empresa, desde Walmart se señaló que los recursos de protección presentados son un procedimiento estándar. Hasta ahora, ninguna otra compañía del rubro ha seguido este camino.

Imperio del derecho

La empresa ha “garantizado” que los trabajadores de los locales afectados “van a tener continuidad en su fuente laboral sin ningún problema”. No obstante, en los recursos de protección, la compañía dijo sobre los saqueos e incendios: “Esta situación ha puesto en riesgo a los trabajadores que se desempeñan en tales locales y a sus clientes, en cuanto a su integridad física y, además, en cuanto a la conservación de sus puestos de trabajo”.

Junto a esto, sostuvo que el saqueo y/o incendio de sus locales –así como otros establecimiento de comercio, dijo- afectan directamente a la población, en términos de su “normal, adecuando y económico” abastecimiento de productos de primera necesidad en muchos sectores periféricos.

Según Walmart, esto permite a la población abastecerse “a precios económicos” sin necesidad de hacer grandes y costosos desplazamientos.

Dado esto, la compañía solicitó en los recursos presentados a la justicia la protección por parte de Carabineros de 76 supermercados: 6 en Chillán, 16 en Temuco, 29 en Concepción, 8 en Valdivia, 16 en Puerto Montt y uno en Arica.

“Teniendo presente la notoriedad de la amenaza de nuevas y graves afectaciones a las garantías constitucionales, mis representadas requieren urgentemente de la necesaria presencia y acción disuasiva y protectora de las fuerzas de orden y seguridad pública, para que reestablezcan el imperio del derecho, evitando que tales hechos se repitan, intervención que resulta urgente y que solicitamos se sirva decretar por la vía de la interposición del presente recurso de protección”, dijo el abogado de Walmart en cada uno de las acciones judiciales.

Añadió que, “con la omisión cometida por el Estado” en cuanto a no garantizar el orden y seguridad pública interior, manifestada en la falta de protección de los locales y trabajadores y en la falta de oportuna reacción frente a hechos evidentemente vandálicos, el Estado de Chile “ha infringido gravemente” el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. “La omisión arbitraria e ilegal cometida infringe gravemente el derecho de propiedad”, insistió.

“Además, esta garantía se ve también seriamente afectada en cuanto a los daños a la infraestructura, mobiliario, recaudación, etc. Igualmente, impiden que mis representadas obtengan una legítima utilidad por la venta de sus productos, al margen que, por esta razón, también les causan un enorme daño económico”, dijo el abogado.

La semana pasada, el presidente y CEO de la cadena de supermercados estadounidense, Doug McMillon, dijo que la empresa se ha visto “seriamente afectada” por los disturbios civiles en el país. Pese a esto, aún no cuantifica los efectos en sus resultados. “La compañía continúa evaluando los disturbios civiles en curso en Chile y no ha incluido ningún efecto financiero potencial relacionado en sus supuestos”, dijo la empresa en su estado de resultados entregado a la SEC de Estados Unidos.