Grupo Suez acusa faltas al debido proceso por caducidad de Essal y amenaza con arbitraje internacional

El Grupo Suez -que controla Aguas Andinas- se hizo parte y pidió, mediante un escrito presentado ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la nulidad administrativa y la inmediata suspensión del procedimiento administrativo de caducidad de la concesión de Essal por la interrupción del suministro de agua en la ciudad de Osorno en julio de 2019.

A través de un comunicado, el grupo señaló que "como accionista y afectado por dicho procedimiento, Suez ha seguido atentamente su desarrollo y ha concluido que las actuaciones del organismo regulador infringen principios básicos del debido proceso y ponen en duda la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Chile".

"Suez muestra su preocupación por la ocurrencia en el país, y en este procedimiento en particular, de reiteradas violaciones al debido proceso que se han sucedido desde el inicio de la investigación de la SISS. Se partió por el hecho que el Superintendente anunciara su decisión de proponer la caducidad desde un comienzo, sin esperar al legal desarrollo del procedimiento administrativo y prejuzgar contra el texto y espíritu de la Ley General de Servicios Sanitarios, llegando incluso a contradecir su propia jurisprudencia", explica.

El grupo culmina la misiva señalando que "quedan satisfechas las necesarias consultas amistosas entre Suez y el gobierno de Chile a efectos de, en el futuro, someter la controversia a un arbitraje internacional ante el Banco Mundial, de conformidad con el acuerdo suscrito entre el Reino de España y la República de Chile para la protección y fomento recíprocos de inversiones". Esto implicaría que el caso se definiría en el CIADI. 

Respecto a la venta de la filial -que inició a comienzos de año- se señaló que prevé cerrarse en los próximos meses, al contar con inversores interesados, tanto nacionales como internacionales.

El proceso

A consecuencia de la suspensión en la distribución de agua potable en que incurrió Essal, es que la SISS abrió el expediente de caducidad en agosto del año pasado. Pese a que inicialmente se preveía que todo el proceso duraría seis meses -donde la sanitaria también presentó sus descargos-, a casi un año del incidente, todavía el ente fiscalizador no se ha pronunciado al respecto.

En paralelo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) también había iniciado un proceso para determinar las multas que debía pagar la filial a los 200 mil clientes afectados. En noviembre, Essal informó que, además de los $ 2.914 millones que debía pagar por Ley del Consumidor, en el marco del procedimiento voluntario colectivo, sumaría $ 3.005 millones, que se distribuyen en $ 63.250 para cada cliente residencial afectado (correspondiente al pago de tres meses de una familia tipo). 

Con esto totalizó $ 6.310 millones a compensaciones. Los pagos de este acuerdo, que ha sido calificado por ambas partes como histórico, comenzaron a efectuarse a mediados de abril.