Expertos creen que la nueva Constitución debe contemplar la protección explícita a la libre competencia

A través del Programa UC –Libre Competencia, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica realizó la Segunda Consulta Técnica de Libre Competencia 2021 que, entre otros aspectos, da cuenta de la preocupación de los expertos acerca de los efectos del proceso constituyente en el desarrollo de la libre competencia en nuestro país.

El estudio contempló a abogados reconocidos por los principales rankings de libre competencia (ediciones del año 2021 de los rankings Chambers & Partners, The Legal 500 y Who's Who Legal); exautoridades de libre competencia, como exministros titulares y suplentes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desde el 2010 y un exfiscal Nacional Económico; fiscales de empresas IPSA; y, a destacados abogados sub35.

Consultados acerca de si "el proceso constituyente por el que atraviesa nuestro país será beneficioso para el desarrollo de la libre competencia en Chile", un significativo 50,8% se mostró "indeciso" respecto a la aseveración, frente a un 37% que se inclinó por estar en "desacuerdo" o "muy en desacuerdo" y sólo el 12,3% está "de acuerdo" o "muy de acuerdo".

En este sentido, los menores de 35 años son más optimistas que los mayores, ya que entre los primeros el "desacuerdo" y "muy en desacuerdo" baja del promedio a 20%; mientras que entre los mayores de 37, el promedio sube a 47,5%. Sin embargo, la consulta también da cuenta de que existe un amplio consenso en que se debe incorporar explícitamente la protección de la libre competencia en la nueva Constitución (62,1%) y el 92,7% de quienes opinan de este modo, estima que ello debiera materializarse a través de un "principio".

A pesar de este escenario, el 66,7% está "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en que el futuro de la libre competencia es auspicioso en Chile y evalúan muy positivamente el desempeño, en los últimos cinco años, de la Fiscalía Nacional Económica (86,3%) y del Tribunal de la Libre Competencia (72,7%); lo que contrasta con la evaluación respecto a la Corte Suprema en este ámbito, que sólo el 30,3% la califica su comportamiento como "muy bueno" o "bueno".

Por otro lado, el 86,4% estima que las herramientas y facultades intrusivas, con que cuenta la FNE, son suficientes para cumplir los objetivos de la política de libre competencia; y, el 96,9% que las sanciones vigentes permiten cumplir los objetivos de la política de libre competencia. Mientras que el 92,3% cree que la implementación del control obligatorio de operaciones de concentración es "muy buena" o "buena".

Pedro Rencoret, profesor del Diplomado en Libre Competencia UC y socio de Pellegrini & Rencoret: 
"Llama la atención que exista una mirada más negativa respecto del desempeño de la Corte Suprema" 

- A su juicio, ¿Cuál es la conclusión más significativa de la II encuesta de Libre Competencia que realizaron? 
-Lo más importante es que persiste un amplio consenso de que nuestra institucionalidad de libre competencia es sólida y robusta. Si bien hay un descenso respecto a la encuesta anterior, la valoración positiva es transversal y excepcionalmente alta. Eso sí, me llama la atención que exista una mirada más negativa respecto del desempeño de la Corte Suprema, especialmente por parte de los más jóvenes. No lo comparto, creo que ha tenido un rol importante en dar balance al sistema. Alguien puede no compartir uno u otro fallo, pero en el agregado su función de revisión ha sido valiosa. 
 -Teniendo en cuenta la alta valoración de la institucionalidad, ¿Dónde se ven los mayores espacios de mejoras? 
-Lo primero, falta más autocrítica de parte de todos quienes nos dedicamos al derecho de la Competencia. Segundo, respecto a las instituciones, creo que hay espacio para mejoras en dar más uniformidad a los criterios que emanan de sus decisiones. A veces se reciben señales contradictorias, lo que genera incertidumbre a los "regulados". Por ejemplo, tenemos el caso del interlocking, un tema sobre el que desde la Fiscalía se había dicho una cosa, y ahora en el último requerimiento aparece algo distinto. Y tercero, otro espacio de mejora podría venir desde el legislador, dándole herramientas al TDLC y la FNE para reducir los tiempos de los juicios e investigaciones, respectivamente. 
- Si bien se percibe como sólido el sistema de Libre Competencia el país, eso contrasta con sondeos ciudadanos donde sí existe una percepción de impunidad frente a temas como la colusión, ¿Cuál es el desafío en ese sentido? 
-Lamento que exista esa disociación, porque las instituciones están funcionando. Sin embargo, esto es algo que se advirtió podía pasar cuando se tramitaba el proyecto de ley que criminalizó la colusión. Dar cárcel a la colusión era un paso indispensable, pero la evidencia de otros países indicaba que este tipo de reformas tarda varios años en mostrar sus resultados, y Chile no iba a ser la excepción. De todas maneras, hace un tiempo la FNE ha estado haciendo un gran trabajo por dar a conocer los beneficios del derecho de la competencia a la ciudadanía, lo mismo y el trabajo que hacen en el Programa de Libre Competencia UC, Ricardo Jungmann, Richard Peña y John Henríquez, van en la senda correcta para transmitir, informar y explicar a la ciudadanía que estas instituciones están haciendo su trabajo y debemos valorarlas. 
- Llama la atención el escepticismo que hay respecto de la Convención Constitucional y lo beneficioso que pueda ser para el desarrollo de la libre competencia en el país ¿Cómo se puede leer eso?  
-Lo que está pasando en Chile, este camino democrático hacia una nueva constitución, es histórico, y por lo mismo es razonable que exista algo de incertidumbre. Lo importante es que la Convención pueda hacer un buen trabajo y que éste sea bien comunicado a la ciudadanía, durante todo el proceso, sobre todo ahora que comienza la discusión y votación de los artículos.