Allamand asegura que Acuerdo de Escazú “deja espacios de alta incertidumbre” legal para Chile

El canciller Andrés Allamand defendió hoy la decisión del gobierno de no suscribir el acuerdo de Escazú ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, asegurando que en su redacción "deja espacios de alta incertidumbre" legal a nuestro país (en el caso de que fuera suscrito); esto en medio de la molestia opositora.

El ministro Allamand explicó, una vez más, las razones por las que definitivamente el gobierno no está dispuesto a firmar el acuerdo, cuyo vencimiento para concretar el trámite es el 26 de septiembre próximo. Oportunidad en la que también desdramatizó la situación, asegurando que "no estamos frente a ningún plazo fatal", ya que aún no se han completado los 11 países que se requieren para concretar el acuerdo y porque aún después de ese proceso, las naciones que lo deseen pueden ratificarlo.

En su exposición, vía zoom, el canciller subrayó que Chile ya tiene una "legislación moderna y muy completa en relación a los derechos a que se refiere Escazú" y advirtió a los defensores de la iniciativa, que de la sola lectura del acuerdo "queda en evidencia que, en muchos casos, el tratado a normativas de gran importancia de manera vaga y ambigua".

Particularmente, añadió la autoridad, se refiere de manera "indefinida e imprecisa" en término de las obligaciones a las que compromete el Estado que lo suscribe y ratifica, lo que tiene una serie de implicancias para nuestro país.

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Demandas internacionales

Allamand detalló que una eventual ejecutabilidad tendría impacto en la legislación doméstica, exponiendo al país que lo suscriba a la "contingencia de demandas internacionales por razones ambientales, lo que –desde nuestro punto de vista- implica una afectación grave de su soberanía en materias que son fundamentales para su desarrollo".

En este sentido, abundó en que "de aprobarse Escazú, Chile puede ser arrastrado a tribunales internacionales y, por ende, verse afectada su soberanía por supuestos incumplimientos de obligaciones ambientales muy imprecisas, lo que hoy no ocurre", subrayó Allamand.

Acto seguido, detalló que ello podría ocurrir en el caso de la Corte Interamericana de Justicia, porque un Estado parte del pacto de Bogotá podría demandar a Chile sólo acreditando que se han agotado todas las instancias de negociación y que las obligaciones reclamadas son posteriores al año 1948; lo propio podría ocurrir en ejercicio de la llamada Protección Diplomática, es decir, cuando el Estado demandante asume la defensa de un nacional que no ha obtenido, según ese Estado, en la justicia chilena el cumplimiento obligaciones que vendrían del Acuerdo de Escazú. 

Asimismo, Allamand continuó su defensa, se podría demandar a Chile ante la Corte Interamericana de DDHH por requerimiento de un Estado que forma parte del sistema, por el mismo motivo anterior, apelando a la Protección Diplomática. Lo mismo podría ocurrir por parte de privados que reclamaran que el Estado de Chile no ha cumplido con el acuerdo de Escazú y el país también podría ser llevado ante la citada corte directamente por un Estado a través de la Opinión Consultiva, es decir, por la interpretación que el país le está dando al acuerdo, concluyó el canciller.

Reclamación de Argentina en la Antártica

Por otro lado, Andrés Allamand, también desmintió hoy categóricamente una nueva publicación realizada por la prensa trasandina sobre un mapa de Argentina que incluye las reclamaciones de dicho país en la Antártica.

"Este es un mapa que ya se había publicado y que corresponde a la presentación que hizo Argentina el año 2009. Quiero dejar constancia, en relación a este mapa, que no hubo pronunciamiento de Naciones Unidas sobre la reclamación argentina en lo que dice relación con la Antártica, simplemente, porque la comisión no tiene competencia para ello", insistió el canciller.

Más aún -subrayó-, los países que han formulado reclamaciones respecto a la Antártica han coincidido que se pueden efectuar estas presentaciones, pero que las mismas no van a tener un pronunciamiento de la comisión, ni tampoco van a afectar los reclamos de soberanía que las distintas naciones puedan haber interpuesto, aseguró.