Propuestas para mejorar la medición del grado de vulnerabilidad en el país entra en recta final

A paso firme avanza el trabajo que llevan a cabo los diez expertos en políticas públicas convocados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para entregar a fin de mes, según el cronograma inicial, las propuestas para mejorar cómo se mide el grado de vulnerabilidad de los hogares.

El grupo conformado por María Pía Martín (U. de Chile), Andrea Repetto (UAI), María Paz Arzola (LyD), Mauricio Villena (UDP), Javiera Troncoso (PNUD), Claudia Martínez (Instituto de Economía UC), Cristóbal Hunneus (Unholster), Claudia Sanhueza (CEAS, Universidad Mayor), Ignacio Irarrázaval (director del Centro de Políticas Públicas UC) y Jorge Fantuzzi (socio de FK Economics) se encuentra intecambiando los detalles de las acciones que propondrán a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.

Su coordinador, el economista Jorge Fantuzzi, adelantó a DF que uno de los ejes principales del documento involucra mejoras en el ámbito tecnológico para que los cálculos de la clasificación socioeconómica que se aplica en el Registro Social de Hogares (RSH) puedan realizarse “más rápido y más seguido”.

Actualmente, el proceso para recalcular la clasificación -que se divide en siete tramos de ingresos definidos en una escala que va entre 40% (menor grado de vulnerabilidad) hasta 100% (máximo)- demora a lo menos un mes, pudiendo extenderse a un mayor plazo.

Si bien esto se hizo evidente con la emergencia que ocasionó la pandemia, dado que el flujo de familias que solicitó incorporarse casi se triplicó a lo registrado en todo 2019, entre los expertos se reconoce que hay otras contingencias individuales en donde los ciudadanos “no pueden esperar semanas o meses para que se les haga la clasificación que definirá los beneficios estatales con los que puede contar”, complementó Irarrázaval, quien junto al resto del equipo ha participado desde el 18 de agosto en el análisis.

Otro eje en el que gira la discusión es en el uso de la información del RSH que actualmente registra a poco más de 6,4 millones de hogares, equivalentes a unas 14,3 millones de personas. “No es lo mismo un programa de emergencia -ahora en el contexto de la pandemia- que un programa de largo plazo. No es lo mismo un programa dirigido a la extrema pobreza que uno conectado a la clase media. Y ahí también hay hartas cosas para revisar y hacer”, comentó Fantuzzi.

En esta línea, Irarrázaval agregó que es una discusión “importante que no está tan resuelta”, ya que no hay claridad si tener uno o dos sistemas para medir la vulnerabilidad en que quedan las personas expuestas ante diversas situaciones, que puedan afectar sus fuentes de ingresos

“Es complejo de resolver ¿qué se mide en lo inmediato? versus ¿qué es lo que se mide de mediano plazo?. Y qué programas están asociados a beneficios de mediano plazo y qué otros tiene que reflejar el nivel de bienestar de corto plazo”, manifestó.

Si bien aún no hay una propuesta zanjada, Fantuzzi señaló que “mi punto de vista es que está bien tener un puntaje que sea lo más general posible y que la política pública aprenda a utilizarlo”. Pero aclaró que ese puntaje no necesariamente servirá para una emergencia, como la pandemia actual.

Otra arista que advierte son los incentivos para no salir de la pobreza y a la informalidad que se puedan originar por la manera en que se calcula la vulnerabilidad de las personas.

En este sentido, Irarrázaval apuntó a que la calificación socioeconómica es el termómetro por lo que no es el culpable de las “trampas de pobreza”, por lo que a su juicio hay que avanzar en el diseño de los programas para que incorporen una gradualidad de salida y de entrada en la medida que las personas van progresando o no.