El Fondo de Cesantía ha sido objeto de polémica en los últimos días, ya que el precandidato de la UDI, Joaquín Lavín, propuso que los trabajadores puedan rescatar parte de esos recursos como una alternativa a un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones que manejan las AFP.
La que gestiona esos ahorros es la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), entidad que es propiedad de cuatro de las siete AFP del sistema. Precisamente, la firma informó que sus resultados financieros no fueron los mejores durante el 2020.
Según lo reportado por la compañía, la AFC registró un perjuicio de $ 40,2 millones durante el ejercicio pasado, mientras que durante 2019 obtuvo ganancias por $ 6.383 millones.
¿A qué responde? Según los estados financieros de la gestora, un ítem que se vio fuertemente elevado el año pasado respecto del anterior es el incremento en gastos varios de operación, con un alza de 59,1% en doce meses, hasta los $ 15.980 millones. Aquello incluyó el 2020 un mayor costo en gastos de comercialización, en computación y en administración.
Dentro de este último, hubo un incremento de 238,3% en gastos por pagos de beneficios, de $ 744 millones en 2019 a 2.517 millones en 2020.
"Producto de la implementación de las diversas leyes de protección al empleo, se incrementó el pago de beneficios, lo que se tradujo en mayores pagos a las diversas entidades pagadores de dichos beneficios", señalan los estados financieros.
Otro ítem que vio elevado de gran manera su costo durante el 2020 fue el gasto de personal, con un crecimiento de 19,2%, hasta los $ 16.953 millones.
"Producto de la pandemia se emitieron diversas leyes tendientes a proteger el empleo, las que repercutieron en que esta Administradora enfrentara nuevos y mayores gastos en la operación. Específicamente fue necesario contratar personal externo para apoyar el servicio de atención en sucursales, para el mejoramiento de la página web y campañas de difusión orientadas en tal sentido. También fue necesario extender los servicios de alimentación y de acceso de los funcionarios a sus lugares de trabajo con el propósito de minimizar los riesgos asociados a esta situación de pandemia", explicaron desde la AFC.
La instrucción de la Superintendencia de Pensiones
Con todo, y pese al nivel de desempleo que hubo en el país durante el 2020, los ingresos de la entidad se incrementaron. Según el documento, las entradas por comisiones aumentaron en 6,7% en el período, hasta los $ 39.953 millones.
Este ítem, sin embargo, fue signo de preocupación para la Superintendencia de Pensiones a inicios de la pandemia. Aquello, porque el regulador envió en abril del año pasado un oficio reservado a la AFC, con instrucciones para esta no distribuyera dividendos, ya que estimaba que las operaciones se podrían ver afectadas por una menor cantidad de ingresos debido a un creciente desempleo.
"Por el aumento del número de personas afiliadas que ha perdido su empleo, y atendido el efecto negativo que ello pudiera significar en los ingresos de la compañía por concepto de comisión de administración, además de generar mayores costos por la implementación de la Ley N°21.227, instruyó (la Superintendencia) a la Sociedad Administradora que se abstuviera de efectuar cualquier egreso de recursos no operacionales con el objeto de no afectar su funcionamiento y en particular, de efectuar el pago de dividendos, préstamos a empresas relacionadas y/o cualquier otro egreso no operacional, salvo que ello cuente con la autorización expresa de esa Superintendencia", señalan los estados financieros.
Mediante otro oficio, enviado en enero pasado, la Superintendencia dejó sin efecto el documento enviado el año pasado.