La cancelación: punto de no retorno

CONSTANZA HUBE

Sin lugar a duda la libertad de expresión es esencial en una democracia sana, la que fomenta el disenso, la discusión y la diferencia de opinión. En las últimas semanas se ha instalado fuertemente en el debate público -por parte de la izquierda- “la verdad”, como si hubiera una sola interpretación “verdadera” sobre lo que dice (y lo que no dice) la propuesta de la Convención Constitucional, tildando así a todas las otras legítimas posiciones frente al texto de “fake news”. Hay un grupo de personas que creen detentar la autoridad moral para determinar qué es verdad y que no lo es, cancelando y excluyendo a todos aquellos que tengan la audacia de pensar distinto a ellos.

Hoy, la llamada cultura de la cancelación se presenta como una forma de imposición de una suerte de moral pública que solo se sujeta a los sentimientos, voluntad, y por cierto, ideología de quien la impone. Esta cultura cierra toda opción de diálogo, toda búsqueda del conocimiento, cierra la construcción de acuerdos y más aún, cierra toda búsqueda de la verdad, impidiendo generar un contraste de ideas para que las personas puedan tener su propia posición y opinión. Esta llamada cultura de la cancelación polariza, enceguece, asfixia y ensimisma a las personas, volviéndolas incapaces de escuchar, entender y comprender a un legítimo contradictor, o a estas alturas, un legítimo argumentador.

“El Gobierno ha sido un fiel representante de la cultura canceladora del que piensa distinto, presentando como campaña ‘informativa’ un abierto activismo por la opción Apruebo”.

El Gobierno ha sido un fiel representante de esta cultura canceladora, haciendo parecer como “campaña informativa” un abierto activismo por la opción Apruebo, y validando solo aquellas interpretaciones que son más útiles y funcionales a dicha posición. Lo más grave es que, además, el Ejecutivo ha tenido la osadía de considerar que la información “oficial” sería sólo la que él mismo transmite, en circunstancias que el Presidente y sus ministros no formaron parte del debate constitucional y sin duda son interesados en que se apruebe de la Constitución de la Convención. Tanto es así, que uno de los ministros del comité político sostuvo hace unas semanas que: “Hay cosas de nuestro programa que no se podrían ejecutar con la Constitución actual”.

Uno de los pilares esenciales de toda democracia es el respeto y protección de la libertad de las personas para pensar distinto. Es, justamente, desde la diversidad de opiniones y pensamientos en que las sociedades progresan, y no desde la imposición de verdades, tildando todo lo demás como falso y negando al contradictor porque no “gusta” lo que está diciendo. Al catalogar al opositor como mentiroso, se cierra la puerta al debate de ideas y a la posibilidad de llegar a acuerdos con el que piensa distinto. Lamentablemente, esa es la línea que han seguido este Gobierno y la izquierda no democrática, lo que sienta un precedente peligroso para todos aquellos que creemos en una sociedad libre.

Estamos en un punto de no retorno. Si normalizamos la cancelación como una herramienta válida de censurar al que piensa distinto, así como se normalizó la violencia como método de acción política, ya no habrá vuelta atrás, y será nuestra democracia la que termine pagando las consecuencias.