Hacia una mejor institucionalidad política

Uno de los consensos más amplios que existe actualmente es que el sistema político no está funcionando de buena manera, y que el proceso constituyente en curso tiene en este ámbito probablemente una tarea clave.

Se trata de un tema muy complejo, no sólo desde el ámbito teórico, sino también práctico, porque significa tocar intereses de los incumbentes, que deberían poner el bien del país por sobre sus preferencias personales y partidarias. No es fácil. Es desafiante también para la Comisión de Expertos y para el recién elegido Consejo Constitucional, entidades ambas que de alguna forma representan a esos mismos incumbentes.

Fijar un umbral mínimo de votación para acceder al Legislativo puede ser útil para reducir la fragmentación política.

Sin embargo, el diagnóstico es muy claro: un sistema presidencial, junto con un sistema parlamentario proporcional sin corrección, no está permitiendo al país procesar en buena forma sus diferencias y avanzar en reformas ampliamente reconocidas como necesarias. La excesiva fragmentación hace casi imposible la búsqueda de acuerdos y fomenta los liderazgos personales, que buscan apoyo a través de un discurso muchas veces populista.

Se trata de reformar la “sala de máquinas” de nuestra institucionalidad, y efectivamente las propuestas de la Comisión de Expertos, que luego deberán ser aprobadas y ojalá perfeccionadas por los consejeros electos, significan avances importantes en esta materia. Entre ellas, exigir a los partidos políticos un mínimo de 5% de los votos para tener representación parlamentaria, junto con reglas que castigan el “discolaje”. Se trata de normas que efectivamente pueden ser perjudiciales para los actuales partidos en el Congreso, por lo que existen presiones para que sean modificadas, y de hecho, el 5% ya fue reducido en forma transitoria a 4%. La idea de fijar un umbral mínimo para acceder al Legislativo existe en otros países y ha mostrado ser útil para reducir la fragmentación.

Es efectivo que hay alternativas a un mínimo porcentaje de votación que pueden lograr un objetivo similar, como la prohibición de pactos, por ejemplo. Pero el punto clave en esta discusión es que tanto los expertos como los consejeros no se dejen presionar por los incumbentes, y avancen en normas que mejoren el funcionamiento de la política, condición clave para recuperar la senda de progreso.