No es partidaria del límite a la reelección de los parlamentarios, cree que la carrera funcionaria en Chile se ha desarmado y que es una prioridad reformar el empleo público. También plantea que el proceso de elección de gobernadores regionales es, antes que todo, un gran desafío. Isabel Aninat habla con soltura sobre modernización del Estado, un tema del que es experta, que ha estudiado por años y del que expondrá el próximo miércoles en Enade.
Abogada de la UC y master en derecho de la Universidad de Columbia, tiene además estudios en derechos humanos en la European University Institute. Es investigadora del CEP desde 2014 y ha escrito y coeditado varias publicaciones y libros. Es también una de los 16 integrantes de la comisión que convocó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para revisar el gasto público.
- Se ha planteado, entre otras posibles explicaciones, que la crisis social no responde a este gobierno, sino que a una falla más general y persistente del Estado. ¿Le hace sentido esa afirmación?
- Yo creo que, a diferencia de otras crisis que hemos visto en el pasado, esta no es unidimensional. No es económica, ni de probidad, sino de la política en general. Están todos castigados y hay un cuestionamiento a todas las instituciones: gobierno, partidos políticos, pero también las iglesias, Carabineros, los medios de comunicación. Es una crisis de muchos factores y también, por cierto, es un cuestionamiento fuerte a la prestación de los servicios públicos.
- ¿Por qué se produce hoy en Chile una crisis de confianza hacia las instituciones?
- Por muchas causas, pero se pueden destacar dos. Uno es el efecto de la corrupción, que tiene una correlación muy fuerte con la confianza que las personas manifiestan hacia las instituciones. Los casos de corrupción son muy nocivos, aunque no sean tan grandes en magnitud. Y los que hemos visto en Chile en los últimos años, inciden. Ahora, también hemos tenido una reacción rápida a estos casos corrupción, con comisiones, medidas y reformas que les han dado respuesta. Esa es una virtud que tenemos como país y que debemos cuidar. Y lo segundo tiene que ver con el desempeño de las instituciones: recibir una mala atención en un servicio público influye en la confianza que uno manifiesta hacia las instituciones del Estado. Por eso es tan importante la prestación de los servicios públicos y ahí influyen muchas cosas: gestión interna de los servicios, relación con la ciudadanía, participación ciudadana, entrega de información. Eso es parte de la modernización del Estado.
- ¿Ambos factores son igualmente importantes?
- Lo que hemos visto es que muchos de los avances en modernización del Estado se han dado después de algunas crisis. De casos como MOP-Gate o el financiamiento de la política, han surgido reformas como el sistema de Alta Dirección Pública, ChileCompra. Lo que vemos son grandes escándalos que luego generan reformas y que ayudan a pegarse un salto.
En cambio, en el otro tema, el de la prestación de los servicios y en el desempeño de las instituciones, nos cuesta más pegarnos el salto.
- ¿Cómo evalúa la prestación de servicios de nuestro Estado?
- Yo diría que hemos avanzado mucho y si uno se compara con la región, nuestro Estado funciona bien. El problema, creo, es que nos falta pensar en un Estado a 30 años o 40 años, si será funcional a los problemas que se vienen hacia adelante.
- ¿Cuáles deberían ser los ejes básicos para abordar la modernización de nuestro Estado?
- En esto hay mucho escrito desde hace tiempo y en las ideas en general hay una propuesta bastante transversal. Lo que falta es la urgencia. Porque por supuesto, pensiones es urgente, salud es urgente y educación es urgente. Y la modernización del Estado, salvo en casos de escándalo, no suele ser urgente.
- ¿Por qué?
- Porque el Estado más o menos funciona, y además es una agenda difícil, con muchos intereses involucrados, muchos recursos y personas que trabajan ahí. Y, especialmente, porque los resultados no se ven de inmediato y eso hace que sea menos atractivo para la clase política, que necesita logros inmediatos por cómo funciona el sistema electoral.
- ¿Cómo se cambia eso?
- Este gobierno estableció una comisión asesora presidencial permanente que buscaba un poco eso y también esta crisis puede ser una oportunidad. No es una crisis de probidad, como las otras que hemos tenido, pero quizás podemos darle una vuelta a la tuerca y decir aquí también hay una oportunidad de repensar muchas cosas de cómo funciona el Estado. Yo creo que lo que acaba de hacer el ministro Briones de hacer esta comisión de revisión de la efectividad del gasto va en esa línea.
- Pero la iniciativa del gobierno no resuelve el problema de la urgencia. ¿Cómo se logra que esto sea atractivo para los políticos?
- Para que sea atractivo para los políticos tenemos que hacerlo atractivo para las personas. La modernización del Estado es muy técnica, muchas veces es difícil de explicar, y es muy árida porque es meterse en la sala de máquinas del Estado. La pregunta es cómo hacemos para traducirla y explicar de qué se trata. Sin información es imposible que tengamos verdadera participación ciudadana, y ahí nos falta mucho.
"La carrera funcionaria se ha ido desarmando"
- También suele decirse que una traba para modernizar el Estado tiene que ver con los funcionarios y su capacidad de presión.
- Yo creo que el principal problema es que el sistema de empleo público que tenemos por ley hoy no tiene nada que ver con lo que tenemos en la realidad.
- ¿Cómo es eso?
- Hoy tenemos un estatuto administrativo de principios de los 90 que en teoría significa que tenemos funcionarios de planta, pero lo que hay es que menos del 30% de las personas en el Estado están contratados como planta y más del 70% son contrata. Y estos, que tienen una cierta regulación en el Estatuto Administrativo, y que suponen un empleo temporal, con contratos a plazo, pero tampoco es así en la realidad. Entonces no tenemos un sistema de empleo público porque la carrera funcionaria se ha ido desarmando en los hechos. Y eso pasa porque hemos desvirtuado el estatuto administrativo y también porque hemos visto muchos casos, y esto en todos los gobiernos, de gente que entra como asesor y se queda, y para el funcionario que lleva años tratando de crecer en su carrera, lo que hay es alguien que llega por arriba.
Nos falta pensar en una nueva regulación del sistema de empleo público, que también se haga cargo de hacer más atractivo el Estado para las nuevas generaciones.
- En el sector público, en todo caso, hay buenos salarios.
- Todo indica que tienen buenos salarios, no los altos directivos, pero hacia abajo en muchos casos son mejor pagados que en el sector privado. Pero a las nuevas generaciones les importan además otros aspectos, como paridad, responsabilidad compartida, hogar y trabajo. El empleo público es una reforma prioritaria de todas maneras. Y ahí hay que pensar en los profesionales, pero también en los altos directivos.
- ¿Qué otra reforma es prioritaria?
- Hay varias instituciones que importan mucho y que pueden tener un efecto en todo el Estado, como la Contraloría. Es importante, porque tiene un efecto muy directo en cómo funciona la administración del Estado, la toma de razón, que es muy buena porque frena muchas cosas, pero también es muy mala porque frena muchas cosas. Hay que repensar la toma de razón, el sistema de auditorías, la entrega de información.
Contraloría es una institución que tiene un impacto muy importante en, por ejemplo, permitir mayores espacios de innovación en la administración pública.
Y después, a raíz de la discusión constitucional, uno podría pensar en incorporar mayores espacios de flexibilidad en la orgánica del Poder Ejecutivo. Tenemos esta idea de organización por ministerios, y por qué no otorgar ahí algún mayor espacio de flexibilidad, de modo que varios servicios, por ejemplo, puedan trabajar en otros espacios.
- ¿Qué le parece el proceso de regionalización?
- Ahí vamos a tener tres tiempos, creo. El primero, es la discusión sobre la elección de los gobernadores, que hasta ahora es en octubre. La segunda va a ser sobre las competencias y, tercero, el financiamiento. Así que creo que vamos a estar un buen rato en esto y, en términos de modernización del Estado, uno de los desafíos es cómo conectamos políticas nacionales con estos niveles subnacionales.
- ¿Es bueno para la modernización del Estado?
- Es, sobre todo, desafiante. Sí, a nivel comparado, todos los indicadores muestran que tenemos un país excesivamente centralizado. Pero tenemos que tener cuidado con la excesiva heterogeneidad que puede significar en, por ejemplo, el tema de los datos.
Va a ser muy difícil para la población poder fiscalizar o hacer control social o pedir rendición de cuenta a los gobernadores, si cada uno tiene maneras muy distintas de mostrar lo que está haciendo. Va a ser un desafío trabajar esto con autoridades electas, pero a mí me parece bien la reforma.
- Para una de las instituciones más complicadas, el Congreso, hay varias reformas en curso, lo de la reelección, la baja en las dietas, en fin. ¿Sirven?
- Soy contraria al límite a la reelección de los parlamentarios porque lo que muestra la evidencia es que uno de sus efectos es que a las personas que ya se les acaba el período y no pueden reelegirse, empiezan a hacer lo que todos haríamos, que es enfocarnos en qué vamos a hacer después. También genera una gran cantidad de personas que están por primera vez, y la combinación de estas cosas no ayuda a un mejor funcionamiento del Congreso.
Yo prefiero ser absolutamente estricta con las asignaciones parlamentarias, con los privilegios de los incumbentes, más que limitar la reelección por ley.
Y me pasa un poco lo mismo con la rebaja de la dieta. Se puede reducir, pero creo que para que los parlamentarios sean buenos necesitan tener asesores muy profesionales.
Ahí hay un espacio gigante. Hoy es muy impopular ponerle más plata al Congreso. Tener una oficina de finanzas públicas o una agencia de evaluación de políticas públicas sería un gran avance, pero son medidas que suenan mucho menos sexy que limitar la reelección de los parlamentarios.
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