"Este acuerdo es para la gente y reivindica el valor de la buena política que, en base al diálogo y la colaboración, logra buenos resultados para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas", dijo en cadena nacional el Presidente Sebastián Piñera anoche, sobre el acuerdo alcanzado con parte de la oposición y el oficialismo con medidas sociales y económicas para enfrentar la pandemia.
Piñera agradeció "a todos quienes acudieron con buena voluntad y espíritu constructivo al llamado que hicimos hace dos semanas para construir un acuerdo para proteger los ingresos de las familias y para recuperar los empleos y la actividad de nuestra economía, dentro de un marco de uso eficaz y responsable de los recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos".
Adelantó que "cuando empecemos a salir de esta pandemia del Coronavirus nos encontraremos con una economía fuertemente golpeada, con altos niveles de desempleo, fuertes caídas en los ingresos y una inversión deprimida" y por eso, dijo, "el acuerdo también contiene un esfuerzo robusto de recuperación del empleo, el emprendimiento, la inversión y la actividad económica".
En tanto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo estar "felizmente agotado", tras encabezar negociaciones con parte de la oposición y sectores oficialistas para lograr un acuerdo.
Briones acotó que "hay que asegurar las fuentes de ingresos permanentes de las familias, que son los empleos". Adem'as, reconoció que "el mayor endeudamiento de hoy es una mochila para las generaciones futuras y para que sea absorbida de buena manera necesitamos responsabilidad fiscal y creíble; y eso lo logramos con un marco institucional robusto como el que tenemos".
IFE 2.0 será compatible con otros subsidios y tendrá piso de $ 25 mil
Uno de los puntos que tensionó al máximo la negociación para destrabar el plan de reactivación fue el aumento en el monto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El Ejecutivo cedió y estableció que el aporte pasará de los actuales $ 65 mil por persona a hasta $ 100 mil por integrante del grupo familiar. Se toma como referencia un hogar de cuatro personas, que no reciben ingresos formales y que percibirán $ 400 mil.
El aporte tendrá un piso de $ 25 mil por persona y los hogares que tengan ingresos recibirán un beneficio que les permitirá llegar al umbral de $ 400 mil. Para familias de más de cuatro miembros, el aporte será decreciente (ver tabla).
Sin embargo, no es el único cambio: ahora, el IFE ampliará su cobertura para llegar al 80% de los hogares más vulnerables, mientras que su diseño original contemplaba el 60%, en base al Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE).
Adicionalmente, el denominado "IFE 2.0" ya no tendrá como limitante que las familias perciban solo ingresos informales, ampliándose a los hogares con ingresos formales. Al cambiar su esquema, el IFE se transforma en un complemento a los ingresos domésticos.
A diferencia del esquema actual, el nuevo IFE será compatible con otros subsidios, como el Seguro de Cesantía, el apoyo a los independientes que boletean y los beneficios de la Ley de Protección de Empleo. También podrán acceder los pensionados (sean pensiones contributivas o no contributivas).
El universo se amplía: el primer IFE cubría a 1,7 millones de hogares y 4,5 millones de personas. Con los ajustes propuestos, el Ejecutivo plantea llegar a 2,1 millones de hogares y 5,6 millones de personas.
El beneficio continuará pagándose en junio y julio. Su extensión se analizará dependiendo de la situación sanitaria.
También se aumentan las tasas de reemplazo del Seguro de Cesantía y para trabajadores suspendidos al alero de la Ley de Proyección del Empleo, igualándolas en 55% para los trabajadores con contrato indefinido o a plazo fijo, desde el 40% y 30% que rige hoy.
Casos de cómo se aplicará el aporte
- Hogar de 3 personas, sin ingresos formales:
- recibirá un beneficio de $300.000 ($100.000 por cada integrante).
- Hogar de 4 personas, una de las cuales tiene su contrato suspendido y recibe $250.000 del Seguro de Cesantía por este concepto:
- recibirá un beneficio de $150.000, logrando un ingreso total de $400.000, equivalentes a $100.000 por integrante.
- Hogar de 2 personas, una de las cuales cobra una pensión de $80.000 y otra tiene ingresos por honorarios de $50.000:
- recibirá un beneficio de $70.000, logrando un ingreso total de $200.000, equivalentes a $100.000 por integrante.
- Hogar de 4 personas, una de las cuales tiene ingresos por honorarios de $150.000 y otra cesante que recibe $200.000 del seguro de cesantía:
- recibirá un beneficio de $100.000 (cuatro aportes por el mínimo de $25.000), logrando un ingreso total de $450.000 equivalentes a $112.500 por integrante.
Garantía estatal a grandes empresas será
de 60% y apoyo adicional será "caso a caso"
Uno de los puntos que Hacienda no estaba dispuesto a ceder eran las medidas de reactivación económica. La cartera logró incluir el apoyo a las grandes empresas que se encuentren en problemas, a través de dos mecanismos.
El primero, vía una garantía estatal que cubra hasta el 60% del monto en emisión de bonos u obtención de créditos para empresas no cubiertas por el actual Fogape (o sea, con ventas anuales sobre 1 millón de UF).
A diferencia del Fogape para PYME, la tasa de interés no será fija, sino determinada por el mercado. Además, la empresa beneficiaria deberá pagarle una comisión al Estado.
El segundo mecanismo es apoyar "caso a caso" a empresas "estratégicas" que sean solventes, a través de tres alternativas: garantía estatal para su acceso al mercado de crédito, deuda directa con opción de conversión en acciones, y el ingreso a la propiedad por un período establecido.
"El Estado obtendrá una remuneración coherente con los riesgos financieros en que incurra", señala el texto.
Se modifica el Fogape actual para las PYME, ajustando el deducible para acceder de forma más barata al crédito con garantía estatal, además de aumentar las coberturas para las pequeñas empresas (hoy oscila entre 60% y 85% del monto solicitado).
A esto se le agrega el compromiso de un impulso fiscal "significativo", con un "potente" plan de inversión pública en 2020 y 2021 con cargo al Fondo Covid-19 y que se materializará en proyectos en Vivienda, Obras Públicas, logística e infraestructura hídrica. También se acelerarán proyectos en áreas estratégicas como turismo y conectividad digital. Y se incorporan incentivos a la contratación de trabajadores, aumentando la cobertura desde 40% al 60% más vulnerable.
Asimismo, se crea un subsidio temporal mensual para trabajadores desempleados o suspendidos, equivalente a una fracción del sueldo mínimo y con un tope de remuneración bruta mensual de 20 UTM (alrededor de $ 1 millón).
Por último, se crea un fondo de apoyo para la reconversión y capacitación de trabajadores en industrias afectadas por la pandemia.
Se reduce a la mitad impuesto a PYME y depreciación se extiende a 2022
En el eje de reactivación económica, ambas partes acordaron una serie de medidas transitorias de carácter tributario para darle un alivio a los contribuyentes e impulsar la inversión.
En primera instancia, para los años comerciales 2020, 2021 y 2022 se reducirá a la mitad el impuesto de Primera Categoría que paguen las PYME con ventas menores a 75 mil UF al año, acogidas a la Cláusula PYME. De esta manera, el tributo a las utilidades pasará de 25% a 12,5%.
También, se extendió por tres meses la suspensión de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM, que son un anticipo de la cancelación del impuesto anual a la renta), medida que rigió entre abril y junio de este año y que fue parte del primer paquete para enfrentar la emergencia.
Otra de las medidas incluida en la reforma tributaria y que se amplía en el plan es la depreciación instantánea. Entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciemb 2021 se descontaría de la base imponible hasta el 50% de la inversión realizada en gasto fijo en todo el país, exceptuando La Araucanía, que gozaría del 100% del beneficio. En esta oportunidad, se elevó a 100% el descuento para todo el país y se amplió hasta diciembre de 2022.
A esto se le agrega que sólo durante el próximo año, los privados estarán exentos de la contribución del 1% del valor de los proyectos de inversión por sobre US$ 10 millones en favor de las regiones donde se desarrollan. Así, el Fisco pagará íntegramente dicho aporte, que la reforma tributaria establece compartido entre el contribuyente y el Fisco, pues los recursos se podrán considerar como gasto aceptado.
En materia laboral, se crea un mecanismo de crédito tributario para incentivar las nuevas contrataciones, equivalente al 23% del valor de la remuneración de cada nuevo trabajador dependiente. El esquema contará con un piso mínimo de meses de contratación y un tope máximo del monto del crédito por contratación.
En las negociaciones se desechó la idea de establecer una devolución de impuestos para los contribuyentes con utilidades en 2019, pero que registren pérdidas este año, denominado técnicamente "carry back".
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